La comunidad internacional y la lucha por los derechos humanos laborales produjeron un fenomenal salto al incorporar a 100 millones de servidores domésticos como sujetos de protección laboral, similar a la que poseen los restantes trabajadores.
La 100ª Conferencia Internacional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó el 16 de junio último el Convenio 189, sobre el Trabajo Decente para Trabajadoras y Trabajadores Domésticos, en medio de la algarabía de la representación de numerosas entidades, en especial de mujeres, que siguieron el debate.
Las normas internacionales no dan respuesta a la resolución de conflictos o intereses de grupos concretos en los ámbitos nacionales. Pero acogen el avance de la conciencia jurídica internacional y, en especial, de los valores aceptados por la comunidad global. Por esa razón, no tienen una existencia material tangible, como las leyes y reglamentos locales.
Sin embargo, su efecto sobre la cultura de los derechos fundamentales es palpable cuando estos son recogidos en leyes, tal como ocurre con el nuevo régimen del servicio doméstico que debate el Congreso Nacional en la Argentina o en las sentencias, como lo hace fluidamente la Corte Suprema de Justicia.
El nuevo convenio de la OIT se dirige a proteger a las personas que realizan un trabajo doméstico en el marco de una relación laboral y les asegura los derechos mínimos a la libertad sindical y negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, de trabajo infantil y discriminación en el empleo y la ocupación.
A través de este tratado, los estados nacionales deben asegurar salario mínimo, jornada limitada, descansos y condiciones de higiene y seguridad adecuados al concepto de trabajo decente.
En el Código Civil argentino, aún persiste la figura de la “criada de servicio”, que parece admitir que una persona menor de edad sea entregada en crianza a cambio de alimento, habitación y tal vez educación.
Más allá de que en muchos casos se está encubriendo una trata de menores y una forma de trabajo forzoso doméstico, la flamante norma de la OIT obliga a equiparar la edad laboral de los domésticos con la del resto de los trabajadores y les garantiza protección contra toda “forma de abuso, acoso y violencia”.
Esfuerzos socializados. Los trabajadores contratados para el mantenimiento del hogar y, en muchos casos, de la crianza de los niños, merecen un tratamiento jurídico laboral en igualdad de condiciones respecto de los restantes trabajadores, adaptando las instituciones al ámbito en que se presta, la intimidad del hogar y habitualmente sin fines de lucro.
Es cierto que esto implica una elevación de los costos de mantenimiento de una familia, pero es así: la ampliación de derechos trae sus costos.
Un sector de trabajadores se ve obligado a contratar a otras personas para conservar su propio puesto. Ello implica esfuerzos económicos que deben socializarse. En otros casos, la persona que sustituye su responsabilidad en el hogar y en el cuidado de sus hijos desmerece, no valora y ni siquiera reconoce a la otra persona que le permite desplegar con tranquilidad y seguridad sus actividades industriales, comerciales o profesionales, altamente rentables.
En todos los casos, los trabajadores domésticos constituyen un insustituible pero oscurecido e infravalorado motor de la “economía y de los engranajes de la sociedad”, tal como afirmó la directora ejecutiva de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet. No hay otra forma de humanizar, democratizar e igualar una sociedad que reconociendo derechos mutuos y cumpliéndolos.
La sanción del Convenio 189 da respuesta a una larga marcha de los trabajadores de casas de familia por lograr un estatuto internacional. Hasta ahora, una de cada 10 trabajadoras ha permanecido mundialmente relegada. Son invisibles, casi siempre mujeres y niñas, muchas son inmigrantes, forman parte de comunidades desfavorecidas o integran contingentes vulnerables.
Así como hace medio siglo las mujeres lograban el pleno reconocimiento a votar y a la igualdad civil, 2011 significa una plataforma para la definitiva aceptación de la ciudadanía e igualdad laboral de empleadas y empleados domésticos por parte de la inmensa comunidad de los 183 estados de la OIT.
La Voz del Interior
Domingo 26 de Junio de 2011
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