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Campana, Buenos Aires, Argentina

jueves, 24 de febrero de 2011

Justicia y medio ambiente


Justicia y medio ambiente
Ante la ineficacia de varios gobiernos nacionales, la Justicia ha tomado cartas en el demorado saneamiento del Riachuelo

Todos recordamos las promesas efectuadas por una ex funcionaria del gobierno justicialista del doctor Menem, sobre el plazo de terminación de las obras de saneamiento ambiental por realizarse en la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo, también las de distintos funcionarios del último gobierno y del actual. Lo cierto es que es éste uno de los casos paradigmáticos en los cuales el Poder Ejecutivo, en sus distintos estamentos, no cumple con su deber funcional, desprotege la comunidad y en el tema que nos ocupa daña el medio ambiente y la salud de millones de argentinos.

Recordamos también cómo el Poder Judicial, en memorable actuación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en julio de 2008, en la causa "Mendoza", amparó a los ciudadanos de la Capital Federal y el conurbano, y conminó a las autoridades ejecutivas a dar solución efectiva al escándalo ambiental que significa el altísimo grado de contaminación del Riachuelo, desechando argumentos meramente dilatorios y retóricos de la funcionaria de turno a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación.

A raíz de esta decisión judicial, se lograron algunos avances en la tarea, que fundamentalmente tienen como responsables a la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), y Aguas y Saneamientos Argentinos SA (AySA), así como a 14 comunas, al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), y a todos los particulares que, de una manera u otra, afectan la cuenca en cuestión con sus residuos y otros elementos contaminantes.

Es de destacar que el juzgado federal de Quilmes -una vez más la Justicia-, supliendo una notoria carencia e ineficacia del Ejecutivo, ha conminado a los interesados precedentemente mencionados a que presten una colaboración intensa y activa con las tareas de limpieza de las márgenes del río y sus arroyos tributarios, utilizando para ello todos los elementos que el poder de policía les confiere.

El mismo tribunal advierte que, de no cumplirse su mandato, hará responsables concurrentemente al presidente de Acumar, a los intendentes de los 14 municipios involucrados, y al jefe de gobierno de la CABA, y que les impondrá una multa diaria sobre sus propios patrimonios por cada día de incumplimiento.

También ha dicho que los responsables deberán denunciar en el expediente si han advertido la "interferencia en sus labores por cuestiones políticas, falta de idoneidad de alguno de los cooperativistas implicados o cualquier otro tipo de entorpecimiento u obstaculización de hecho o de derecho que distraiga la efectiva obra proambiental".

En cuanto a los particulares, observa el magistrado que algunas empresas se resisten a despejar el espacio de 35 metros desde la ribera, conocido desde antiguo como "camino de sirga", invocando derechos de propiedad u otras defensas.

Sobre el punto dice el magistrado que si bien los intereses privados son respetables, hay casos en los cuales el interés público se les equipara. En el caso se trata de la recomposición del ambiente en la cuenca aludida, objetivo que la comunidad toda reclama desde hace décadas. Intima gravemente a las empresas a que faciliten y despejen el área en cuestión con fuertes apercibimientos, solicitando el auxilio de las fuerzas de seguridad al efecto.

La situación es a la vez lamentable y admirable. Penoso resulta que los diversos poderes administradores involucrados no puedan por sí solos actuar conforme a lo que deberían ser sus objetivos primeros, y son sus deberes propios. Admirable, que tengamos una Justicia, desde la Corte Suprema hasta el juez federal involucrados en tratar de dar satisfacción a la ciudadanía amparando un derecho constitucional, el medio ambiente sano, tan groseramente conculcado como es el caso.

Exhortemos, pues, a la ciudadanía a que exija el efectivo cumplimiento del plan de saneamiento acordado y a los políticos a que incorporen el tema en sus campañas, a fin de que este impulso no caiga y se logre tener de una vez por todas un Riachuelo limpio y sano.

La Nación
Miércoles 23 de Febrero de 2011

Prometen seis “eco parques” para tratar la basura en el GBA


Estarán en la capital bonaerense, Punta Lara, Berisso, Punta Indio y Brandsen. El Gobierno bonaerense dio marcha atrás y anunció que cada comuna deberá ocuparse que se haga la separación en las casas. Tras la oposición vecinal a nuevos rellenos

Un complejo sistema de traslado, reciclaje y reutilización de basura es la fórmula que encontraron las autoridades para intentar lograr el cierre definitivo de la Ceamse en Ensenada durante 2012.

El Gobierno provincial y los municipios de la región de la capital bonaerense anunciaron que construirán seis “eco parques” y una planta de tratamiento de residuos orgánicos para reemplazar ese relleno sanitario ubicado en la localidad de Punta Lara y que tiene una orden judicial de clausura desde mediados de la década pasada.

El sistema creado para sustituir ese predio –que, según diferentes estudios técnicos, contamina las napas freáticas y lesiona el medio ambiente de la región– es la apertura de siete plantas con capacidad de reciclaje “sin impacto ambiental”. Consiste, además, en una alternativa al sistema tradicional, como el que utiliza la Capital Federal, que traslada los excedentes domiciliarios al relleno de José León Suárez, al norte del GBA.

Las casi 700 toneladas diarias de residuos domiciliarios que generan La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen y Punta Indio serán derivados a los nuevos complejos que construirá la empresa española SANEA, ganadora de la licitación internacional. El proyecto requerirá una inversión de 40 millones de dólares que aportará la Provincia.

¿Cómo funcionará el nuevo sistema de recolección y tratamiento de basura? Los camiones recolectores llevarán los restos hogareños a seis espacios donde se instalarán los eco parques. Según trascendió ayer, se ubicarán en Los Hornos y Gambier (del partido de La Plata); en un sitio a determinar de la zona de Punta Lara, cerca del relleno de la Ceamse; en Berisso, Punta Indio y en el espacio que ocupa la actual planta de Brandsen.

La ubicación de estos centros se resolvió a partir de informes elaborados por la Universidad Nacional de La Plata y organizaciones ambientalistas que convocó la municipalidad platense para intervenir en la Comisión de Localización.

No fue una tarea sencilla . Es que desde que se conoció la decisión judicial de cerrar Punta Lara hubo intentos por trasladar el relleno que siempre chocaron con la resistencia de los vecinos.

Las nuevas plantas harán un proceso de separación de materia orgánica e inorgánica . Los restos no orgánicos, a su vez, se dividirán entre reciclables (papel, madera, cartón, plástico), elementos combustibles (para reemplazar al carbón de coque en las canteras) y émbolos (lo que no sirve para otra cosa) que se usarán para rellenar canteras de la zona.

Por otra parte, la empresa ganadora deberá levantar una planta de compostaje, para el tratamiento de los desperdicios orgánicos, que representan casi el 40% del total, y que estará ubicado en un área rural de La Plata que por ahora se mantiene en secreto. Las autoridades municipales adelantaron que “no se ubicará en Poblet y tampoco en Abasto”. Es que en esas localidades hubo protestas para evitar la instalación de predios ambientales.

El “compostaje” es un abono orgánico que se utiliza para mejorar la calidad de las tierras cultivables. Se realizan con métodos de “maduración aeróbica”. La municipalidad platense usará un sector de entre 3 y 5 ha para la planta.

Hoy al mediodía, Daniel Scioli firmará los contratos con la firma SANEA. Los intendentes de la región estuvieron este verano en Tarragona, donde visitaron un complejo ambiental de esa ciudad española. El director del Organismo para el Desarrollo Sostenible, José Molina, aseguró que la empresa “desarrolla un tratamiento ambientalmente correcto”.

El responsable de la Agencia Ambiental platense, Sergio Federovisky explicó: “La solución al problema consistió en desdoblar el proceso de tratamiento de los residuos”. De esta manera, aseguró el funcionario, se descomprimió el problema que provocaba rechazo entre los vecinos.

El nuevo esquema obligará a los municipios a adoptar prácticas de separación en origen . La Plata tiene, desde hace tres años, un sistema de recolección de “bolsas verdes” donde los vecinos colocan papel, envases plásticos, madera y otros productos “secos”. El sistema abarca el 85% del partido y logran recoger entre 70 mil y 75 mil kilos por día. El intendente de Ensenada, Mario Secco, adelantó a Clarín: “Este año intentaremos implementar ese mecanismo”.

Además, las comunas deben buscar alternativas para reducir un 10% la producción de basura con campañas de concientización y planes de reciclaje.

Por: Fabián Debesa
LA PLATA. Corresponsalia

Clarín
Jueves 24 de Febrero de 2011

Polémica por el control de las piscinas porteñas



El gobierno de Macri solicitó a la Legislatura cambiar una norma que considera inviable

Angeles Castro
LA NACION


Una fuerte polémica quedó instalada entre legisladores y el Poder Ejecutivo porteños en torno al control de las piscinas que funcionan en la Capital con fines comerciales, ya que el gobierno de Mauricio Macri admitió que "ninguna" cumple con los requisitos edilicios exigidos por una ley sancionada a fines de 2009 y, en lugar de proceder a la clausura de las instalaciones, optó por suspender por decreto los efectos de esa norma y solicitar a la Legislatura que la revea.

La ratificación legislativa del decreto iba a ser tratada hoy en una sesión extraordinaria, pero el macrismo sabe que no obtendrá los votos necesarios y la discusión será postergada.

Las diferencias ya habían salido a la luz la semana pasada en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Durante una visita del el director de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) porteña, Javier Ibáñez, los diputados opositores expresaron su rechazo a la decisión oficial de no hacer respetar las exigencias de la ley ni, por lo tanto, aplicar las sanciones correspondientes.

En esa ocasión, Ibáñez presentó un relevamiento efectuado sobre los 164 natatorios empadronados, según el cual "el ciento por ciento" incumplía alguna de las condiciones edilicias, de seguridad o administrativas establecidas como obligatorias por la ley 3364, aprobada en la última sesión de 2009.

El censo -aclaró- abarcó piscinas de clubes, colegios, gimnasios, saunas, hoteles, shoppings y los natatorios terapéuticos e infantiles, o sea, todos los que tienen acceso público y cobran por el uso de los servicios.

La ley 3364 otorgaba a los dueños de piscinas un plazo de 180 días para adaptar las instalaciones. Vencido ese plazo, durante el segundo semestre de 2010, explicó Ibáñez, la AGC comenzó a inspeccionar si las piletas se habían adecuado a los nuevos requerimientos, y no lo habían hecho.

Los incumplimientos, en su mayoría, guardan relación con cuestiones edilicias sobre el servicio médico: intercomunicación con los servicios sanitarios (63,8%), sala de espera (45,5%) y vestuarios (15,9%). También, sobre la dimensión y las características de los lavapiés (47,8%) y con la documentación exigida (el 61,6% no poseía el certificado final de obra de las instalaciones sanitarias).

"Deberíamos haber cerrado todas las piscinas en pleno comienzo de la época estival. Preferimos no hacerlo, pensando en el perjuicio que generaríamos al vecino, y suspender por decreto la adecuación a la ley, para que la Legislatura trabaje en una norma superadora. La ley 3364 no se puede aplicar", relató el funcionario.

Y desató la polémica. Los diputados de Proyecto Sur Julio Raffo, Jorge Selser y Delia Bisutti; la sabbattelista Gabriela Cerruti, y la kirchnerista María José Lubertino rechazaron que el Poder Ejecutivo tenga potestad para decidir no aplicar una norma y sus sanciones correspondientes. En tanto, el ibarrista Eduardo Epszteyn recordó que el proyecto para modificar las exigencias de funcionamiento de los natatorios fue impulsado y votado por el bloque Pro.


Sigue trabada la sanción del presupuesto

La Legislatura porteña tampoco aprobará hoy el presupuesto local de gastos para 2011, pese a las tratativas encaradas por Pro para poder sancionar hoy la ley en una sesión extraordinaria, por lo que el jefe de gobierno, Mauricio Macri, llegará sin presupuesto actualizado el martes próximo al palacio de Perú 130, donde dejará inaugurado el 14° período de sesiones ordinarias. Las trabas no sólo están relacionadas con la asignación de más o menos fondos a determinados rubros, sino que también están teñidas por exigencias de la oposición respecto de la fecha de elecciones y del aumento salarial para los empleados públicos.

La Nación
Jueves 24 de Febrero de 2011

martes, 22 de febrero de 2011

Indemnizan por daño moral a empleado que sufrió estrés por el cambio de condiciones laborales


Para la Justicia, el resarcimiento del empleado, que se consideró despedido, debía ir más allá del tarifado en las leyes laborales. En este sentido, sostuvo que, de lo contrario, los dependientes quedarían desprotegidos en los casos de mobbing. En total, el trabajador cobrará casi $300.000

El trato que los superiores dispensan a sus empleados se convirtió en un factor clave dentro de las compañías.

Sucede que, en caso de no ser el adecuado, se le podría ocasionar al dependiente un daño sobre su salud y, consecuentemente, éste podría considerarse despedido.

En ese contexto, es probable que el trabajador no sólo reclame una indemnización por despido sin causa sino, además, un resarcimiento especial por el perjuicio sufrido.

Y aun cuando la enfermedad como, por ejemplo, el stress no esté incluida en el listado de enfermedades profesionales -establecido en el marco de la Ley de Riesgos del Trabajo-, los jueces, de todos modos, podrían condenar a la firma a pagar una compensación por este motivo.

Así las cosas, es cada vez más frecuente encontrarse con sentencias donde los jueces deben resolver reclamos por violencia laboral, ya sea por mobbing, acoso moral y sexual, discriminación y otras figuras que no están reguladas en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

Es importante señalar que el mobbing o acoso laboral tiene como dificultad la acreditación de los hechos relatados por el trabajador, por lo que es una tarea ardua para los profesionales demostrar qué sucedió realmente y, para los magistrados, evaluar las pruebas aportadas a la causa, dado que no existe una ley que regule esta figura.

Es por ello que, en estas situaciones, cobran relevancia las pericias médicas. Por ejemplo, algunas de las referencias que deben contener los dictamenes periciales se vinculan con la degradación sicológica sufrida por la víctima durante el hostigamiento, los maltratos sicológicos frecuentes de parte del jefe hostigador, el cambio de tareas frecuentes, el aislamiento de parte del acosador y de sus compañeros de trabajo, entre otras cuestiones.

Hace pocos días, la Justicia ordenó indemnizar por daño moral a un empleado que se había considerado despedido porque le cambiaban constantemente sus condiciones laborales, lo cual había desencadenado en un pico de estrés.

Para los jueces, frente a reclamos de esta naturaleza, el resarcimiento del dependiente debía ir más allá del tarifado en las leyes laborales.


Demasiados cambios


El trabajador se colocó en situación de despido con fundamento en el ejercicio abusivo del "ius variandi", (facultad que tiene el empleador de alterar unilateralmente las condiciones del contrato trabajo) y en la falta de reconocimiento e incorporación de sumas percibidas como remunerativas.

Sucede que el dependiente sostenía que había llegado a una situación de incertidumbre, en la que-a su entender- lo había colocado la empresa, que le había producido un cuadro de estrés tal que tuvo que romper el vínculo laboral. Y éste fue el reclamo que hizo llegar a la Justicia y que motivó una demanda solicitando al juez interviniente las respectivas indemnizaciones.

El juez de primera instancia hizo lugar a dicha demanda y condenó a la compañía a abonar la indemnización por despido incausado y la reparación por daño moral respectiva. Entonces, ambas partes se presentaron ante la Cámara.

El trabajador se quejó por la suma fijada en concepto de preaviso e integración del mismo, ya que aducía que no se habían tenido en cuenta en el cálculo del aguinaldo y también se quejó porque el magistrado no hizo lugar a la multa prevista en el artículo 80 de la LCT, por la falta de certificado de trabajo, y por el monto destinado a resarcir el daño moral.

En tanto, la empresa apeló por la valoración de las pruebas presentadas, ya que el juez de primera instancia consideró acreditado que incurrió en un ejercicio abusivo del "ius variandi". Además, cuestionó la procedencia del rubro daño moral.

En este escenario, los camaristas consideraron acreditado que existió un ejercicio abusivo en el cambio de condiciones laborales, llevado a cabo por el empleador. Para ello tuvieron en cuenta la declaración de un testigo, desestimando los que presentó la empresa, por la precisión en los datos que proporcionó. Destacaron que los testimonios de los declarantes, aportados a la causa por la firma, eran contradictorios.

En tanto, remarcaron que la empresa incurrió en una irregularidad laboral al no registrar algunas sumas percibidas por el empleado en concepto de reintegro de gastos -avaladas con sus respectivos comprobantes- y que ello justificó la decisión rupturista del empleado.


Daño moral

En cuanto al rubro daño moral, los magistrados indicaron que -de las constancias aportadas- surgía como debidamente acreditado que el empleado sufrió el hostigamiento psicológico llamado mobbing, "padeciendo un trastorno por estrés Post traumático que incidió en su vida familiar y le ocasionó una incapacidad laborativa fijada en el 30 por ciento".

La empresa sostuvo que el régimen indemnizatorio establecido en la LCT es tarifado y -como regla general- omnicomprensivo de todas las situaciones que pudieran plantearse ante la ruptura arbitraria de un contrato de trabajo.

Los jueces destacaron que "la actitud asumida por la empleadora contemporáneamente a la ruptura del vínculo excedió el ámbito contractual".

"En efecto, las conductas injuriantes autónomas deben ser resarcidas como lo serían de no haber existido el vínculo, pues una interpretación distinta llevaría a que el derecho del trabajo prive a sus protegidos de ciertos derechos y garantías que les competen como simples ciudadanos y no ya como trabajadores", se lee en la sentencia.

Dado que la compañía incurrió en una actitud de hostigamiento y de violencia moral contra el empleador, que provocó un trastorno por stress post traumático que trascendió a su vida familiar y de relación, obligaron a la firma a que el trabajador sea resarcido en los términos del artículo 1078 Código Civil.

Dicho artículo indica que "la obligación de resarcir el daño causado por los actos ilícitos comprende, además de la indemnización de pérdidas e intereses, la reparación del agravio moral ocasionado a la víctima".

En base a estos argumentos, ratificaron el monto de la condena en concepto de daño moral, ya que el mismo resultaba "equitativo y adecuado a la naturaleza de los hechos comprobados y al grado de incapacidad fijada por la experta".

En cuanto a la base tomada para el cálculo del preaviso e integración, más la incidencia del aguinaldo sobre ambos, los jueces indicaron que "para el cálculo de dichos rubros no se puede perjudicar al trabajador quitándole beneficios que le hubieran correspondido, si se le hubiese dado el preaviso y el vínculo hubiese durado hasta el vencimiento de éste".

Con respecto a la procedencia de la multa prevista en el artículo 80 de la LCT, el pedido fue rechazado ya que el trabajador no cumplió con los plazos de espera para efectuar la intimación, que le imponían las normas vigentes.

En total, teniendo en cuenta todos los rubros, la indemnización se fijó en $282.303,70 más intereses.


Voces

"El mobbing es un proceso de hostigamiento silencioso que, en muchos casos, no es advertido por sus compañeros de trabajo, ni por la víctima", indicó la especialista Andrea Mac Donald.

"Es por ello que los testimonios vertidos por dichos compañeros de trabajo pueden dar una exposición de los hechos, pero se encuentran condicionados a las presiones de la propia empresa de que no revele determinados acontecimientos ocurridos en la organización", agregó.

"A veces, resultan insuficientes los testimonios debido a que el hostigamiento, que sufre con frecuencia la víctima, se da en un ámbito cerrado. A eso se suma el temor de los compañeros de la víctima y el que puedan tener de ser despedidos", indicó.

"Se hace cada vez más habitual la aparición de reclamos laborales por incapacidad, generada supuestamente por enfermedades no previstas en el listado establecido por el Comité Mixto Permanente constituido en el marco de la Ley de Riesgos del Trabajo, tal como ocurre con el síndrome de "burn out" o el stress laboral, entre otros", indicó Héctor García, socio del estudio García, Pérez Boiani & Asociados.

"El nuevo marco legal se flexibilizó y le asigna al juez la posibilidad de ponderar restrictivamente la apertura de ese listado cuando el trabajo configura una causa generadora de dicha dolencia incapacitante, mas allá de que pueda resultar o no concausa", concluyó.

Por: Sebastian Albornos

IProfesional
Martes 22 de Febrero de 2011

lunes, 21 de febrero de 2011

El Suquía, víctima de efluentes cloacales



Un equipo de la UNC trabajó tres años analizando el aire, los sedimentos, las costas y el agua del río. Lo más preocupante es la alta presencia de bacterias coliformes fecales.

Luego de tres años de trabajo, un equipo interdisciplinario de investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba entregó los resultados finales de una serie de análisis sobre el estado del río Suquía. Los resultados confirmaron la altísima presencia de contaminación fecal en el curso de agua.

Lo más novedoso de esta investigación fue que se tomaron muestras del agua, de los sedimentos, del suelo de ribera y el aire. Así, por primera vez se pudo obtener un diagnóstico integral sobre su estado, con un resultado preocupante.

El equipo de trabajo estuvo compuesto por investigadores de las facultades de Ciencias Agropecuarias, de Ciencias Químicas y de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

El grupo fue coordinado por la decana de Ciencias Químicas, Velia Solís. La investigadora detalló: “Es la primera vez que se pudo coordinar análisis sobre distintos aspectos del río”. Los puntos de muestra se establecieron en Calera, en la Capital –en la desembocadura del arroyo La Cañada–, en Villa Corazón de María y en Río Primero.

La conclusión del trabajo afirma: “La polución del agua del río Suquía afecta claramente a otros compartimentos del ecosistema, particularmente a los peces, los suelos de ribera y los sedimentos, perjudicados por bacterias coliformes y por metales pesados”.

“Por otra parte, se detectó una posible contribución de contaminantes orgánicos y azufre del río a la atmósfera, y un alto contenido de contaminantes en el aire que merecen investigaciones acerca de otros intercambios entre agua y aire”, agrega.

La conclusión finaliza explicando que los resultados sugieren que “una acción para restaurar o reparar el efecto antrópico sobre el río Suquía debe extenderse a los suelos, los sedimentos y el aire a lo largo del curso de agua”.

Hay dos cuestiones que fueron detalladas por los investigadores del proyecto. Solís aclaró que el intercambio de contaminación entre el aire y el río debe estudiarse más, ya que por el momento es una hipótesis.

No obstante, los compuestos encontrados en el aire del cauce del río, en su cuenca media y baja, son de origen industrial o del tránsito de automotores. Y un dato importante es la presencia de dióxido de azufre (se origina en la combustión) en algunos lugares, pero relacionado con la presencia de bacterias anaeróbicas en el agua. “Pudimos correlacionar componentes del agua y del suelo. En las zonas donde muchas bacterias anaeróbicas, hay azufre en el aire”, agregó Solís.

Valeria Ame, responsable de la investigación sobre metales pesados, precisó que los valores hallados no superan los límites establecidos para el agua de uso recreativa, aunque sí son dañinos para los organismos que viven en el río Suquía.

Solís agregó que el origen de los metales pesados puede ser natural o por la presencia del hombre. En este caso, el mayor impacto lo tenían las naftas que contenían plomo, y en la actualidad son los basurales que se extienden por sus costas.

Contaminación fecal. El problema más grave de contaminación del río Suquía es la que se origina en los volcamientos de líquidos cloacales sin tratamiento adecuado. De hecho, en todos los puntos de muestra se encontraron valores muy por encima de lo admitido por la legislación cordobesa.

El decreto 415/99 admite la presencia de mil bacterias coliformes fecales cada 100 mililitros de agua. En el caso de La Calera, se hallaron en época de bajo caudal 12.022 coliformes fecales cada 100 mililitros; en Córdoba, 52.480; en Corazón de María (ubicado aguas abajo de la planta potabilizadora de Bajo Grande), 44.668; y en la ciudad de Río Primero, 30.199. Cuando el caudal aumenta en época de lluvia, las cantidades disminuyen significativamente, aunque siguen por encima de lo admitido por la normativa.

Más preocupante es que las coliformes fecales se encuentren también en las costas del río, ya que no hay legislación en Córdoba que establezca cuánto es lo permitido. En la Capital, se detectó por cada gramo de tierra 97.723 bacterias.

El estudio también midió la presencia de oxígeno disuelto, de carbono orgánico, de amonio, de nitratos y de conductividad. Estos parámetros tampoco están fijados por la legislación local.

A contramano. Adriana Abril, microbióloga que tuvo a cargo los análisis biológicos, sostuvo que el trabajo funciona como un buen marco teórico para realizar el saneamiento del Suquía. Según la investigadora, la recuperación del río también debe incluir los sedimentos y sus costas.

Junto con Solís, criticaron las tareas que viene llevando a cabo la Provincia en el curso de agua, entre el puente Santa Fe y el nudo vial Mitre. Allí, se está reparando la canalización de hormigón, a la que calificaron como perjudicial para el saneamiento, ya que no permite el crecimiento de vegetación que ayuda a la eliminación de contaminantes.

Las claves

Quiénes. Participaron equipos de Ciencias Agropecuarias en el análisis de microbiología ambiental; del Cequimap en el desarrollo de técnicas para la medición de metales pesados; especialistas del ISEA para medir la calidad del aire; de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales enfocados en estudios biológicos; y otro que realizó su aporte con el uso de plantas y líquenes como bioindicadores de la calidad del aire.

Coordinación. Cada equipo de investigación trabajó de manera separada, y la investigación en su conjunto fue coordinada por Velia de Solís, docente e investigadora, además de decana de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC.

Dónde. Las muestras se tomaron en La Calera, Córdoba capital,

Villa Corazón de María (Malvinas Argentinas) y Río Primero. En cada uno de estos sitios se encontraron elementos contaminantes, tanto en el agua como en el suelo, en los sedimentos y hasta en el aire.

El trabajo que se extendió durante cuatro años.

La Voz del Inetrior

Jueves 17 de Febrero de 2011

viernes, 18 de febrero de 2011

Notable atraso tecnológico en el San Martín


Notable atraso tecnológico en el San Martín

Mientras se aguardan los peritajes para determinar si fue una falla del sistema de señalamiento o un error humano, el sector urbano del ferrocarril San Martín donde tuvo lugar el trágico accidente de ayer aún sigue esperando que se concreten las obras de modernización y electrificación que ya llevan más de dos décadas de promesas y anuncios incumplidos.

La línea que transporta un promedio de 4,2 millones de pasajeros por mes entre Retiro y seis partidos del conurbano funciona con servicios diesel cuya tecnología data de la década del 60.

Si bien desde que fue restatizada en 2005 ha podido ampliar la cantidad de servicios, la realidad muestra que aún requiere de grandes inversiones en infraestructura y material rodante para poder brindar una respuesta acorde a la demanda de pasajeros.

Como ningún otro ferrocarril metropolitano, el San Martín es el que acumula más estudios y proyectos inclusos para modernizar y electrificar sus servicios.

Los primeros planes de electrificación se remontan a la década del 70, cuando los funcionarios de la dictadura militar a cargo de Ferrocarriles Argentinos le encargaron un proyecto integral a la Unión Soviética. Bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, siguieron los estudios pero la línea no formó parte de las prioridades de inversión pública .

Durante el menemismo, fue privatizada y recién sobre finales de los 90 volvió a tomar fuerza su modernización. En la gestión de la Alianza, se vuelven a firmar acuerdos de consultoría para actualizar los proyectos de electrificación que quedaron en el archivo con la crisis de 2001-2002.

Con la llegada del kirchnerismo, las promesas se sucedieron año tras año. El polémico ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime firmó diversos convenios para transformar la línea con China, Rusia, Portugal y España que pasaron rápidamente al olvido.

El último gran anuncio lo hizo la presidenta Cristina Kirchner a principios de 2009, cuando en la Casa Rosada lanzó un nuevo programa para electrificar la línea en 6 años con una inversión de US$ 650 millones. De esa licitación, ni siquiera se llegaron a recibir las ofertas.

Clarín
Jueves 17 de Febrero de 2011

Las napas habrían influido en la caída de la grúa


Los expertos advierten sobre los riesgos en suelos ganados al río

Fernando Massa
LA NACION


A sólo 72 horas del derrumbe en la zona de Las Cañitas, en Palermo, que milagrosamente no dejó heridos, y sobre la base de los peritajes preliminares, pocos ponen en duda que la torre-grúa cayó sobre cuatro edificios porque cedió el suelo donde estaba apoyada. Sin embargo, expertos consultados por La Nacion se refirieron a un aspecto que pudo haber provocado el accidente y del cual hasta el momento no se había hablado: el lavado del suelo que se realiza en las zonas bajas de la ciudad antes de comenzar a construir.

El arquitecto Marcelo Almuina, especialista en patología de la construcción que fue perito de la causa AMIA, indicó a La Nacion que la raíz de este fenómeno se da porque la ciudad de Buenos Aires se ha expandido sobre zonas que fueron ganadas al río y que tienen cota muy baja, es decir que las napas de agua se encuentran muy cerca de la superficie.

"En Palermo, Núñez, Belgrano, Las Cañitas y Puerto Madero el agua se encuentra apenas se empieza a excavar, porque son zonas de cota muy baja, y la napa está muy cerca. Por eso, antes de construir, se realiza mediante un sistema de bombas lo que se denomina depresión de las napas, y esa agua es enviada a la vía pública. Pero cuando se utiliza el sistema de bombas se produce un lavado de suelo, es decir que las partículas más finas, como puede ser el limo, se separan del suelo y migran con el agua. De esta manera, en todas estas zonas se ha desconsolidado el suelo, lo que pudo haber provocado la alteración de los suelos linderos y el posterior descalce de la base de la torre-grúa", explicó el especialista.

Almuina puntualizó, además, que muchas veces la celeridad para realizar la obra atenta contra los procesos de seguridad, pero que de todas maneras "es algo que se pudo haber previsto".


Otras opiniones

En tanto, Luis Perri, uno de los socios de la empresa Obras y Sistemas SRL, que efectuaba los trabajos de construcción con la grúa que provocó el siniestro, se limitó a decir ayer que, en su opinión, lo que cedió fue el suelo donde estaba fijada la grúa-torre y también a sus costados, lo que provocó la fractura de los pilotes donde estaba apoyada y la pérdida de la resistencia, una hipótesis que de ninguna manera contradice lo afirmado por el arquitecto Almuina.

Por su parte, fuentes del gobierno de la ciudad indicaron que las hipótesis preliminares que se manejan son dos: en primer lugar, una mala praxis producto de las excavaciones realizadas alrededor de la grúa que pudo provocar que la grúa cediera; la otra posibilidad es que haya estado bien hecho el apuntalamiento, pero que haya cedido igualmente por fatiga de materiales, es decir, porque las piezas móviles que componen la grúa tuvieran un tiempo de uso superior al debido.

Frente a esta última hipótesis, un dato brindado ayer por el ingeniero Franco Sborlini, de la firma Obras y Sistemas SRL, se torna fundamental: la grúa-torre NS52 de la compañía española Jaso -estas grúas no se fabrican en la Argentina- es modelo 2005, por lo que se considera una grúa nueva. "Esta torre-grúa contiene un manual de instrucciones que demanda mantenimiento mensual, que fue puntualmente realizado. De por qué se cayó no manejamos ninguna hipótesis. En 72 horas es muy difícil estimarlo y preferimos evitar que haya malas interpretaciones", dijo.

Consultado por La Nacion, el doctor Daniel Butlow, especialista en arquitectura legal, también abogó por la teoría del lavado de suelo, pero hizo hincapié en que lo primero que se debe tener en cuenta es que si bien la instalación de una grúa es una obra temporaria, no deja de ser una obra en sí misma. "Me llamó la atención que todos los vecinos hayan presentido que iba a suceder, pero que no hayan hecho nada al respecto. Por eso es bueno que sepan que existen herramientas legales para prevenir este tipo de accidentes, como lo es la figura de la denuncia de daño temido, contemplada en el artículo 2499 del Código Civil", afirmó

La Nación
Miércoles 16 de Febrero de 2011

miércoles, 16 de febrero de 2011

Lanzan una campaña para impulsar el reciclaje de basura



En el marco de la ley de “Basura cero”, busca reducir la cantidad de residuos.

Se presentó la campaña de concientización de reciclaje y separación de la basura.

Fue ayer al mediodía, en la Reserva Ecológica, en un acto en el que estuvieron representantes del Gobierno porteño, ONGS ambientalistas y miembros de las empresas recolectoras de residuos.

Con la presencia de 80 personas y la actuación de “Ecorock”, una banda de rock formada por chicos, el ministro de Ambiente y Espacio público, Diego Santilli, puso en marcha “Ciudad verde”. Con el evento de ayer, el Gobierno porteño apunta “a concientizar a la sociedad para la separación y el reciclaje de la basura, ya que hay mucho que se puede reciclar y reutilizar”, según explicó Santilli a Clarín .

La campaña forma parte de la Ley 1.854 de Basura Cero , que busca generar conciencia en los usuarios sobre la importancia del reciclado y de separar los residuos reciclables de los que no lo son desde sus propios hogares.

Sin embargo, la misma ley –promulgada en 2006 y reglamentada al año siguiente– establece también que debe reducirse la cantidad de basura que la Ciudad produce. La meta para el año pasado era llegar a las 1.048.000 toneladas. En cambio, se mandaron a enterrar al relleno sanitario del CEAMSE un total de 2.110.122 toneladas: es decir, más del doble y un 14% más que lo que se produjo en 2009. En lugar de reducir la cantidad de basura, esta aumentó.

El Gobierno porteño ya había lanzado una campaña similar en el año 2008 con publicidades como “Jugá Limpio” y “EY!”, que recibieron fuertes críticas de organizaciones ambientalistas por alejarse de los contenidos que marca la Ley de Basura Cero.

Para Santilli, el problema del aumento de la generación de residuos “empezará a resolverse con la separación en origen, pero también con la nueva licitación que tendrá un sistema moderno de recolección y con el tratamiento posterior de la basura una vez recolectada”.

En marzo comienza el proceso de licitación para elegir las empresas encargadas de la recolección durante los próximos cuatro años.

Los contratos con las actuales empresas se vencen, y la nueva gestión comenzará el año que viene. Incluirá una nueva repartición de las zonas de recolección (habrá cuatro en vez de siete) y también incorporará camiones de carga lateral, contenedores metálicos de 3 mil litros con tapa neumática, un nuevo sistema de lavado y la ampliación de la contenerización hacia toda la Ciudad , ya que hoy solo llega al 34%.

Este servicio ya comenzó a aplicarse hace casi tres meses en Mataderos y Liniers, como zona de prueba de lo que se hará el próximo año, cuando comience la nueva concesión.

Clarín
Martes 15 de Febrero de 2011

martes, 15 de febrero de 2011

Tres procesados por el derrumbe de un gimnasio



Estaban a cargo de una obra que causó 3 muertos. El 9 de agosto colapsó la medianera de un edificio en Mendoza al 5000, cuando una excavadora trabajaba en el lote de al lado. Los acusan de no haber cumplido con las medidas de seguridad

La Justicia penal procesó por “estrago doloso” a Guillermo Heyaca Varela, el ingeniero a cargo de la obra junto al gimnasio que se derrumbó en Villa Urquiza en agosto, y cuya caída provocó la muerte de tres personas .

También fueron procesados Daniel Menta, el dueño de la empresa que quería construir un edificio al lado del gimnasio; y José Pataro, dueño de la excavadora que trabajaba en ese lote lindero.

Los tres irían a juicio oral porque, tal como publicó Clarín el 10 de noviembre, una pericia de Bomberos demostró que los constructores “no respetaron las reglas” para la excavación que debían realizar, lo que habría dañado la estructura del gimnasio, que así terminó colapsando.

El 9 de agosto, el edificio de dos plantas de Mendoza 5030, donde funcionaba el gimnasio, se derrumbó. Entre los escombros quedaron atrapados Guillermo Fede, de 37 años; Luis Lu, de 27; y Maximiliano Salgado, de 18 y cuyo cuerpo fue encontrado dos días después.

En el lote vecino, el de Mendoza 5042, los días previos a la tragedia había una excavadora trabajando, ya que se iba a construir un edificio. Según la pericia de Bomberos, ese trabajo se hizo sin respetar las medidas de seguridad. “Pudo observarse la inexistencia de apuntalamientos eficaces ”, “falta de base de apoyo” de los tabiques, y que las bases de la demolición se veían “totalmente descalzadas y apuntaladas de manera deficiente”, son algunos de los puntos más críticos del informe.

En su defensa, Heyaca Varela aseguró que contaba con todas las habilitaciones de parte del Gobierno porteño. Es cierto, pero al ingeniero se lo acusa precisamente de no haber respetado esas medidas de seguridad que había presentado en el expediente. De igual manera, Menta y Pataro podrían ser responsables, por no haber cumplido por su parte con los procedimientos para la demolición y excavación.

El procesamiento de los tres fue decidido por la jueza María Fontbona de Pombo. Así se lo confirmaron a Clarín tanto Roberto Damboriana, abogado de Pablo Galli, el dueño del gimnasio, como el estudio jurídico de Fernando Burlando, que representa a la familia de Maxi Salgado.

De acuerdo a Damboriana, “la acusación es por estrago doloso, el mismo delito de la causa de Cromañón . Las penas van de tres a diez años de prisión”.

Ahora los acusados tienen tres días para apelar el procesamiento ante la Sala V de la Cámara Nacional en lo Criminal. Este tribunal ya les había otorgado la eximición de prisión, por lo tanto permanecerán en libertad hasta el juicio oral, que aún no tiene fecha.

Pero tanto Damboriana, como en su momento Burlando, le adelantaron a Clarín que también pedirán que se investigue a los funcionarios del Gobierno de la Ciudad encargados de los controles a las obras. Entienden que, aunque los planos presentados hubieran sido correctos, la Ciudad no ejerció su poder de policía.

Es que desde el momento de la tragedia se conoció que hubo denuncias de irregularidades, que en principio no fueron bien atendidas. Concretamente, el 17 de junio la UOCRA había denunciado que en la obra junto al gimnasio, en la etapa de demolición de una estructura que había en ese lote, faltaban medidas de seguridad . La Ciudad respondió que habían enviado inspectores, pero que en las dos oportunidades que fueron al lugar lo encontraron cerrado, con la demolición ya terminada.

Por lo pronto, el Gobierno porteño le prohibió por 15 años la firma para cualquier nuevo proyecto a Heyaca Varela, y le clausuró otras cuatro obras, que en realidad estaban casi terminadas. También intentó presentarse como querellante, pero la Justicia se lo negó.

Además, la Ciudad echó a Oscar Ríos, el director de la Agencia Gubernamental de Control, pero porque durante el operativo de rescate fue a una reunión de la comisión directiva de Boca Juniors, club del cual es dirigente.

Clarín
Martes 15 de Febrero de 2011

lunes, 14 de febrero de 2011

Controlarán las grúas de todas las obras


Así lo indicaron en el gobierno porteño tras la caída de una pluma sobre cuatro edificios; la construcción fue clausurada preventivamente

Luego del derrumbe de una grúa-torre sobre cuatro edificios de Báez al 500, en la zona de Las Cañitas, en Palermo, lo que causó destrozos en distintas propiedades, el gobierno porteño comunicó ayer que, en las próximas dos semanas, controlarán todas las grúas que hay en las obras en construcción de la ciudad.

Así lo indicó a LA NACION Javier Ibáñez, director de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), que hoy pondrá en marcha los operativos, aunque no supo precisar cuántas grúas hay funcionando en la Capital.

Aún así, Ibáñez defendió los controles que realiza su organismo. "Habitualmente, la ciudad controla el otorgamiento de un permiso especial para el funcionamiento de estas grúas, pero no verifica si son bien o no utilizadas. Para eso hay auditorías privadas. De todas maneras, la ciudad inspeccionará todas las grúas que hay hoy en obras edilicias, que no son muchas, para verificar que estén funcionando de acuerdo con los requerimiento que se les pide", dijo Ibáñez.

El día después del episodio en el que milagrosamente no hubo heridos, se trabajó durante horas en el desmonte del brazo de hierro incrustado en las terrazas sobre las que cayó. Pese al intenso movimiento de la guardia de auxilio, la incertidumbre de los vecinos afectados continuaba, ya que la policía, hasta anoche, no había levantado la restricción para entrar en los departamentos que sufrieron daños, aunque estaba previsto que comenzaran a autorizar a los vecinos de los pisos inferiores.

Ayer, mientras la ciudad clausuró de manera preventiva la obra y la Justicia intervino en el hecho, dos grúas rodantes de 80 y 120 toneladas trabajaron durante todo el día para sacar, por partes, el brazo de la grúa que se cayó sobre las terrazas de cuatro edificios de Báez al 500. Este brazo tiene unos 35 metros de largo y pesa alrededor de 60 toneladas.

Fuentes de la constructora Obras y Sistemas SRL informaron anoche a LA NACION que ya se había retirado el brazo de la grúa y su contrapeso, que consta de cuatro bloques de cemento de 2,5 toneladas cada uno, que también cayó sobre uno de los departamentos. Los edificios afectados fueron los situados en los números 562, 554, 540 y 528 de la calle Báez, la más transitada de Las Cañitas.

Geraldine Alberdi es propietaria del departamento 8° A del edificio de Báez 540. Todavía conmovida por el suceso, contó ayer a LA NACION: "Al departamento le cayó el contrapeso de unas diez toneladas, por lo que quedó absolutamente destruido. La policía no me dejó pasar ni tampoco a los escribanos ni a los medios de comunicación. Me parece rarísimo, aunque yo subí de prepo".

"Allí, en el departamento, vive mi madre de 80 años y mi hermano, que es discapacitado mental. De casualidad no estaban ahí, sino se morían. Mañana [por hoy] voy a parar la obra; la voy a parar de por vida. No sólo por mí, también por mi familia y los vecinos. Soy amiga de muchos damnificados y esto que sucedió es una verdadera vergüenza, alguien tendrá que pagar por todos los daños que ocurrieron", afirmó Alberdi.

Otro de los vecinos más afectados por el accidente fue un norteamericano que vive en un triplex del edificio del 554 de Báez. Este hombre, que pidió no dar a conocer su nombre, comentó: "El último piso está destruido. Pasó todo en un segundo. Yo estaba tomando un café en el segundo piso y mi novia se estaba bañando. Escuché mucho ruido, como una explosión, y bajamos corriendo hasta la calle. Fue de casualidad que no estábamos en el patio". Y agregó: "Pasamos la noche en un hotel de Puerto Madero, que lo pagó la empresa en la que trabajo. Estamos esperando a ver qué dice la policía para poder entrar al edificio, que está cerrado".


Mal manejo de la grúa

Los expertos que realizaban los peritajes en el lugar dijeron a LA NACION que los primeros análisis realizados en el sitio donde estaba instalada la grúa indicarían que hubo negligencia por parte de uno de los obreros que la operaba.

Por otra parte, Luis Perri, titular de la empresa Obras y Sistemas SRL, que lleva adelante la obra de edificación de dos torres de 20 pisos en esa manzana de Las Cañitas, afirmó que "todo estaba en regla". Sin embargo, la AGC de la ciudad clausuró ayer el lugar de manera preventiva hasta tanto se revelen los resultados definitivos de los peritajes.

"Es increíble lo que sucedió. Escuché una explosión y me quedé helado, porque no sabía qué había pasado. Salí y empecé a tocar algunos timbres para alertar a los vecinos, que muchos de ellos están en casas de amigos que viven por la zona para entrar a ver sus casas", contó el encargado de uno de los edificios afectados.

La Nación
Lunes 14 de Febrero de 2011

viernes, 11 de febrero de 2011

Fiebre del litio: el Gobierno ya piensa en una alianza con Chile y Bolivia para impulsar el desarrollo de tecnología


Expertos del Ministerio de Ciencia y Tecnología adelantaron que Argentina y los dos países vecinos podrían trabajar juntos no sólo en la extracción del mineral, sino también en la fabricación de baterías y artefactos. Conozca el carácter estratégico del litio. ¿Dónde se concentra el recurso?

Expertos del Ministerio de Ciencia confirmaron que Argentina está en camino de convertirse en el segundo proveedor mundial del insumo básico para la fabricación de baterías de celulares y de autos. Se trata del litio, que se extrae en minas de Jujuy, Salta y Catamarca.


La relevancia estratégica de este mineral ha sido enfatizada por iProfesional.com en múltiples artículos. (Ver: Argentina tiene en su poder la futura "estrella" de las materias primas y Argentina saca ventaja ante sus rivales en la extracción del "petróleo del futuro")

El miembro de la Agencia Nacional de Promoción Científica del Ministerio de Ciencia, Rodolfo Tecchi, confirmó que la Argentina, Bolivia y Chile podrían trabajar juntos no sólo en la extracción del litio sino, también, en la fabricación de baterías y artefactos, dándole valor agregado a los recursos naturales con los que cuentan las naciones.

"Nuestro país tiene posibilidades de participar de grandes negocios por tener reservas de litio, que un recurso un elemento critico para el desarrollo de la industria automotriz, fundamentalmente", remarcó el especialista.

Según trascendió, Tecchi garantizó, entonces: "La Argentina está dentro de un club muy selecto de países con importantes reservas de litio". Y explicó que es en Jujuy, Salta y Catamarca donde se concentran las principales minas de donde se extrae el metal.

El litio, además de ser utilizado para las baterías de autos, puede ser aplicado para la fabricación de baterías de celulares, maquinarias agrícolas como las cortadoras de césped o madera. Por ello, ya hay firmas que están trabajando en la Argentina.

"La mayoría de las empresas están en la primera etapa de exploración y cálculo de las reservas, que sabemos son muy importantes. Competimos con Bolivia, que tiene grandes reservas", aclaró Tecchi.

Ante esa situación, aclaró que desde el Gobierno "se puso el acento en el aspecto ambiental, porque se trata de ecosistemas sumamente frágiles, la exploración y explotación deberán ceñirse a pautas ambientales muy estrictas".

Y subrayó: "La Argentina-Bolivia-Chile tienen posibilidades de participar de un gran negocio que es agregarle valor al litio y fabricar acumuladores y otros artefactos en el país".

IProfesional
Viernes 11 de Febrero de 2011

jueves, 10 de febrero de 2011

Reclamos del agro a la Provincia por la ley sobre desmontes



Las entidades rurales amenazan con tensar la buena relación que mantienen con Schiaretti y Gutiérrez, a quien le mandaron un petitorio

Las entidades agropecuarias emitieron ayer una nueva señal de malestar y amenazan con tensar la buena relación con el Gobierno provincial. El motivo radica en la controvertida reglamentación de la ley de preservación y manejo de montes nativos, que ha puesto en veredas diferentes a sectores ambientalistas y a las organizaciones de productores.

La Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), la Federación Agraria Argentina (FAA), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) resolvieron convocar para el próximo jueves 17, a las 19, en Sinsacate (sobre la ruta 9 norte), a una asamblea en la que prevén reunir a productores y a fuerzas vivas de la región.

“La convocatoria tiene origen en la falta de respuesta de las autoridades del Ejecutivo provincial a la inquietud planteada respecto de la insistencia en no difundir la reglamentación de la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo”, explicaron.

El pasado 22 de diciembre, las organizaciones rurales, durante una asamblea frente al predio ferial de la Cooperativa La Regional, en Cruz del Eje, decidieron elevar un petitorio al gobernador Juan Schiaretti y al ministro de Agricultura, Carlos Gutiérrez, con seis aspectos considerados “irrenunciables” en la reglamentación de la ley 9.814, sancionada por la Legislatura.

En ese encuentro se resolvió que, en caso de no encontrar “una respuesta satisfactoria” antes del pasado 15 de enero, volverían a convocar a una nueva asamblea, a la que ahora le pusieron fecha y lugar.

Aunque aún no fue difundida la reglamentación oficial, en la que trabajaron técnicos de la Secretaría de Ambiente, en los medios agropecuarios se tiene como dato que el organismo remitió el texto a la Fiscalía de Estado y que se introdujeron algunas correcciones, a propuesta del Ministerio de Agricultura.

“Seguimos con la inquietud y la presunción de que la reglamentación se aparta del espíritu de la ley”, señaló una fuente de la mesa agropecuaria provincial. Y agregó que en los medios oficiales dejaron trascender que una vez firmado el decreto reglamentario por el gobernador, otro futuro decreto podría introducirle cambios.

El temor de los productores –en particular quienes tienen campos o emprendimientos ganaderos o proyectos para riego en el noroeste cordobés– es que se prolongue un cuadro de inseguridad jurídica sobre el manejo de los recursos. En tal caso, anticipan que habrá más éxodo ganadero y fuga de inversiones.

Entre los puntos de la ley que defienden los productores está el plazo de 120 días para que la autoridad de aplicación se expida sobre los permisos y proyectos de intervención y que sólo medie una comunicación por escrito para intervenir áreas estratégicas (alambres, aguadas, corrales, caminos, viviendas o la realización de contrafuegos).

La Voz del Interior
Miércoles 9 de Febrero de 2011

miércoles, 9 de febrero de 2011

Accidentes de trabajo: se podrá contratar un seguro adicional



Es para que las empresas se cubran ante indemnizaciones muy altas.

Las compañías de seguro podrán ofrecer a las empresas un seguro de responsabilidad civil de accidentes de trabajo . Es para que las cubra hasta $ 1.000.000 de las eventuales indemnizaciones que pueda decidir la Justicia ante reclamos de los trabajadores accidentados o sus familiares por encima de las indemnizaciones que pagan las ART (Aseguradoras de Riesgos del Trabajo).

La novedad, anticipada a comienzos de enero por Clarín , quedó confirmada con la publicación ayer de la resolución de la Superintendencia en el Boletín Oficial.

A diferencia del seguro de la ART, que es obligatorio y engloba hoy a más de 800.000 empresas, esta nueva póliza es voluntaria . Persigue el objetivo de atenuar el impacto sobre las empresas de las indemnizaciones que fijan los jueces y que exceden los montos que pagan las ART.

El último dato oficial marca que hay 600.000 accidentes laborales por año , de los cuales 800 son fatales. Se estima que el 5% va a juicio y que el stock de litigios suma 90.000 casos.

Si bien la ley de ART prohíbe recurrir a la Justicia para reclamar por encima de las tarifas del sistema, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de esa prohibición . Y los jueces fueron fijando indemnizaciones más altas que las que establece el sistema obligatorio. Así, y aunque estén aseguradas en las ART, las empresas tienen afrontar esas indemnizaciones.

Con el nuevo seguro, la compañía aseguradora cubrirá “el monto de las indemnizaciones que se acuerden o que resulten de las sentencias judiciales firmes”.

La suma asegurada por trabajador es de entre $ 250.000 y de $ 1 millón.

Algunos especialistas sostienen que el tope es bajo .

Ahora las aseguradoras que quieran brindar esta nueva póliza deberán registrarse. Una vez habilitadas podrán promocionarlas. Se desconoce el costo de esta nueva póliza, que se suma a la prima que hoy se abona a la ART.

Por: Ismael Bermúdez
ibermudez@clarin.com

Clarín
Martes 8 de Febrero de 2011

jueves, 3 de febrero de 2011

Indemnizan a un mozo por cargar mucho peso



Fallo de Cámara por una hernia de disco

Los dueños de un céntrico restaurante porteño deberán pagarle 120.000 pesos a un mozo que los demandó tras habérsele formado una hernia de disco por trasladar, varias veces al día, una bandeja con hasta 10 kilogramos de peso.

La sala X de la Cámara Laboral hizo lugar a la acción civil que inició el mozo Juan Enrique Contti contra los responsables del Palacio de la Papa Frita, tradicional restaurante situado en la avenida Corrientes al 1600, en el centro porteño.

La Cámara responsabilizó al restaurante por "la existencia de una afección de columna y una dolencia psíquica que atribuyó a la mecánica laborativa" diaria de Contti.

El mozo sufrió una hernia de disco por llevar varias veces por día una bandeja con hasta 10 kilos de peso desde la cocina hasta el salón del primer piso del restaurante, por lo que sus dueños deberán indemnizarlo con 120.000 pesos, según determinó la Cámara Laboral.

Contti trabajó en ese tradicional restaurante porteño desde 1986 y "le exigían la realización de esfuerzos frecuentes y repetitivos de la columna vertebral por el hecho de trasladar los pedidos desde y hacia la cocina hasta el salón del primer piso" con bandejas que alcanzaban 10 kilos de peso.

Según el fallo de los camaristas Gregorio Corach y Daniel Stortini, la hernia de disco cervical que padece Contti "se halla en una relación causal adecuada con el riesgo de las cosas que la empleadora demandada tenía bajo su guarda", tal como lo acreditaron los peritos médicos que intervinieron durante el juicio.

Los magistrados en su fallo recordaron disposiciones legales que establecen "la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, para lo cual [la legislación] prevé la utilización de herramientas tales como el monitoreo del estado de salud de los trabajadores ante la exposición a riesgo laboral", argumentaron.

La Nación
Jueves 3 de Febrero de 2011