Por Maia Jastreblansky
De la Redacción de lanacion.com
Los dos derrumbes sucedieron con un mes de diferencia. Cuando todavía el impacto por la tragedia del gimnasio de Villa Urquiza no había cedido, una madrugada despertó con la noticia de otro suceso similar en el boliche Beara, ubicado en Palermo.
A un más de dos meses de la primera tragedia, la Justicia busca determinar las responsabilidades por los hechos que se cobraron las vidas de cinco personas.
En la causa por el derrumbe en Villa Urquiza, los imputados, acusados de "homicidio culposo", son el ingeniero Guillermo Heyaca Varela, Daniel Alberto Menta, que forma parte del directorio a cargo de dicha construcción y José Pataro, dueño de la empresa de excavaciones.
La causa ya tiene siete querellantes, entre los que se encuentran sobrevivientes (uno de los cuales debió ser operado de la columna y sufrió secuelas) y los familiares de las tres víctimas: Maximiliano Salgado, Guillermo Fede y Luis Lu. Hasta el momento, la jueza María Dolores Fontbona de Pombo, del juzgado de instrucción 45°, a cargo de la investigación, tomó declaraciones a testigos del hecho y realizó peritajes para determinar de qué manera se hizo la excavación que provocó el derrumbe.
Según señalaron fuentes de la causa a lanacion.com, los encargados de dos locales que estaban bajo el gimnasio declararon a la Justicia que días antes del derrumbe fueron a quejarse en reiteradas oportunidades por las rajaduras y varios daños detectados en sus negocios.
Además, agregaron que se indignaron por la forma despectiva con la que los trató el ingeniero Heyaca Varela, cuando les dijo que "él sabía lo que hacía, que daba clases en la Facultad y que ellos no tenían ningún título para hablar con él".
El abogado querellante Fernando Burlando indicó que el expediente consigna que "los peritajes determinaron que la excavación se realizó con una máquina de un tamaño mayor al recomendado para ese trabajo y que los apuntalamientos de las paredes eran insuficientes".
Otros responsables. Luego de ser aceptado como parte de la causa, Hernán Fede, hermano de Guillermo, quien no había querido hacer declaraciones públicas, se decidió a hablar y apuntó sobre otros actores. "El gobierno de la ciudad no controló como correspondía y el dueño del gimnasio priorizó el negocio y no evacuó el lugar cuando tuvo advertencias. Para mí también son culpables", dijo a lanacion.com, aunque admitió que la Justicia sólo podría mitigar en parte el dolor por la pérdida de su hermano, trabajador en una curtiembre y padrino de su hija.
Burlando indicó a este medio que la Justicia se orienta a profundizar la investigación sobre los funcionarios, pero no sobre el dueño del edificio derrumbado.
En tanto, el hermano de Guillermo aseguró que ninguna autoridad porteña se acercó durante estos dos meses. "Nunca se preocuparon, sólo se movilizaron cuando estaban las cámaras en el lugar", aseguró.
Fede también recordó el episodio de Beara, ocurrido pocas semanas después del de Villa Urquiza. "El hecho del boliche demuestra que el gobierno no controla. Con los familiares de las víctimas sospechamos que los inspectores no están capacitados. Lo cierto es que a la obra de Urquiza fueron tres veces y siempre la obra estaba parada", aseguró.
Mientras se anoticia de cada avance que hay en la causa, Fede mantiene contacto con las familias de Maximiliano y Luis. Con ellos convoca a una marcha los días 9 de cada mes para pedir justicia. "Acá hubo mercenarios que buscaron sacar la máxima ganancia a costa de la vida de las personas", concluyó.
En la causa Beara investigan a varios funcionarios
La jueza de instrucción Alicia Iermini, a cargo de la causa por el derrumbe del local bailable Beara, ocurrida el 10 de septiembre pasado y en la que murieron dos jóvenes, debe determinar las responsabilidades de once personas a raíz de la solicitud de indagatoria por parte del fiscal de la causa, Andrés Madrea.
Los imputados hasta el momento son los cinco dueños de la sociedad comercial "El Viejo Sabio S.A", propietaria del inmueble, tres profesionales intervinientes en el legajo de la habilitación (el inspector del gobierno porteño Carlos Mustapich, el maestro mayor de obra contratado por la empresa, Gustavo Amaru y el arquitecto Isaac Rastolski, que verificó las características técnicas del entrepiso que se derrumbó) y tres funcionarios porteños que firmaron la habilitación del local.
Al momento, se espera que se realicen los peritajes sobre el entrepiso que sufrió el desplome. Los ingenieros civiles revisarán si cumplía las características técnicas que figuraban como ciertas en el trámite de habilitación.
Pero los ojos no están puestos sólo en las características estructurales del local bailable. Según indicaron a lanacion.com fuentes de la investigación, se determinó que hubo advertencias durante los dos años de actividad del local por potenciales peligros para el público.
Advertencias. Cuando en 2008 "El Viejo Sabio S.A." pidió la habilitación comercial, solicitó una ampliación para utilizar el local como casa de fiestas, además de como bar, con el agregado del entrepiso, que aumentaba la capacidad del lugar.
Los dueños contrataron entonces a un profesional que efectuó los planos y cálculos correspondientes al proyecto. Estos fueron derivados a un técnico del Registro de Profesionales Verificadores de Habilitaciones porteño (PVH), quien los analizó y aprobó mediante un formulario manuscrito, en el que dejó constancia de que no corría riesgo ninguna persona. El documento fue avalado luego por el inspector representante del gobierno, Carlos Mustapich.
El trámite fue derivado entonces al Departamento Esparcimiento, a cargo de Norberto Cassano, al director de Habilitaciones Especiales, Pablo Seiskuscas y al director general de Habilitaciones y Permisos, Martín Diego Farell, los tres funcionarios que finalmente otorgaron la habilitación.
Sin embargo, en la investigación se constató que, meses después, la directora de Fiscalización y Control, Vanesa Berkowski le envió una nota a Farrel indicando que el local había sido inspeccionado y clausurado porque se trataba de "un boliche encubierto". Dado que esas clausuras fueron levantadas, la funcionaria le solicitaba que le quitara la habilitación porque se trataba de un engaño.
Sin embargo, esta advertencia no tuvo consecuencias y Beara siguió su actividad hasta la clausura por el derrumbe el mes pasado.
Por otro lado, en las declaraciones tomadas momentos después de la tragedia, empleados del local admitieron que en numerosas oportunidades los regenteadores de Beara pedían reordenar al público para no sobrepasar la carga del entrepiso.
Todo ello hace que el fiscal apunte en la investigación a los empresarios, técnicos y funcionarios por el presunto delito de "estrago doloso seguido de muerte", el mismo por el que fue condenado Omar Chabán por la tragedia de Cromagnon.
La Nación
Viernes 15 de Octubre de 2010
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