Un informe advierte que en la Argentina hay planes, pero no datos que permitan evaluarlos
El Estado debería incentivar a las empresas del sector formal de la economía para que contraten trabajadores con déficit en su formación laboral, mediante políticas que impliquen la reducción tanto de costos impositivos como de trabas burocráticas y riesgos jurídicos. En la Argentina, si bien se desarrollan acciones para promover la inserción laboral de esos trabajadores, no existe una sistematización de datos que permita conocer de manera integral cuál es el alcance de los planes ni su impacto efectivo. Esas son dos conclusiones que surgen de un informe presentado ayer por la Escuela de Economía de la Universidad Católica Argentina (UCA).
El documento señala que políticas como las de crédito fiscal, que el Ministerio de Trabajo otorga anualmente a un grupo de empresas a cambio de que desarrollen planes de capacitación, representan una "intervención limitada" del Estado, debido a su alcance. En 2010, por ejemplo, y según los datos publicados por la cartera, se dio este beneficio -que consiste en ventajas impositivas por usar fondos para la formación de empleados- a 325 proyectos, con una asignación presupuestaria de $ 35 millones.
La tasa de desempleo en la Argentina, según datos oficiales, es del 7,3% de la población activa, tasa que representa a alrededor de 1,2 millones de personas que buscan trabajo y no lo encuentran. Además, se estima que hay unos 6 millones de personas en ocupaciones informales, a veces muy precarias. Según las estimaciones que hacen diferentes estudios económicos, será una tarea dificultosa bajar el índice de un nivel que ronda el 7%, en parte porque hoy el crecimiento de la actividad genera menos empleo que el que creaba hasta 2007, y en parte porque muchas de las personas que están sufriendo la falta de trabajo carecen de una preparación para la vida laboral.
Entre otras políticas, el informe de la UCA destaca el programa "Jóvenes con más y mejor trabajo" y advierte que -tal como ocurre con otras políticas- "no hay datos que permitan observar la evolución real ni mucho menos evaluar los resultados". Ayer, justamente, fue lanzado ese plan, dirigido a jóvenes de 18 a 24 años y que tendrá una administración descentralizada, en la municipalidad de Lanús.
También se comenta la existencia de un sistema de certificación de trabajadores con determinadas competencias laborales (conocimientos, actitudes y destrezas sobre una actividad). Un registro oficial señala que hasta 2010 había 24 organismos certificadores activos, 264 normas de competencias laborales, 820 evaluadores certificados y 67.000 trabajadores certificados. "Se trataría de pasos en la dirección acertada, aunque todavía incipientes", evalúa el informe.
El documento destaca que algunas cifras correspondientes a países desarrollados indican que allí son los trabajadores ocupados, y no los desocupados ni los inactivos los que se ven con más frecuencia beneficiados por planes de capacitación. Más allá de ese dato, el informe señala que la intervención estatal en estos temas se justifica por las fuertes externalidades que tiene, ya que la capacitación es aprovechada no sólo por las empresas en las que trabajan los formandos, sino por las propias personas involucradas y por empresas competidoras.
Sin embargo, también se señala que el tema es motivo de controversias, porque en varias experiencias se observaron efectos limitados de la capacitación no formal.
Por: Silvia Stang
La Nación
Miércoles 5 de Octubre de 2011
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