Habían recomendado que no se habilitara el boliche Beara

Angeles Castro
LA NACION

Una directora general del área de Control del gobierno porteño había recomendado a su par de Habilitaciones no autorizar el funcionamiento de actividades de baile en Beara, el local donde murieron dos chicas el viernes pasado, aplastadas por un entrepiso que se desplomó, por los antecedentes de violación a la normativa vigente que poseían los dueños del boliche. No obstante, el permiso fue otorgado 21 días después, cuando la sociedad comercial que regenteaba el espacio todavía permanecía imputada ante la justicia contravencional en una causa iniciada por la misma administración porteña, a raíz de la contravención calificada como "encubrimiento de actividad de baile".

Finalmente, los acusados fueron hallados culpables en primera y segunda instancia.

Los datos fueron aportados ayer por los legisladores opositores Eduardo Epszteyn y Aníbal Ibarra, durante una reunión mantenida ayer por funcionarios de Mauricio Macri con legisladores. Estaban presentes, precisamente, los dos directores en cuestión: Vanesa Berkowski, responsable de Fiscalización y Control del gobierno porteño, y Martín Farrell, de Habilitaciones, señalado por haber desoído la advertencia de su compañera de trabajo.

"Yo no tengo potestad para negar una habilitación por los antecedentes que tenga el solicitante, siempre que cumpla los requisitos contemplados para la habilitación [relacionados con condiciones fìsicas y de seguridad], entre los cuales no figuran los antecedentes", respondió Farrell, ante la exigencia de una explicación sobre su decisión de habilitar Beara el 24 de agosto de 2009, pese a la crítica nota que le había elevado el 3 del mismo mes Berkowski. La explicación no pareció muy convincente.

Como se recordará, luego del trágico derrumbe registrado en el local de Scalabrini Ortiz 1638, en Palermo, salieron a la luz irregularidades registradas en el funcionamiento del boliche, que organizaba bailes pagos pese a que sólo estaba habilitado como casa de fiestas privadas, a las que supuestamente los asistentes acudían por invitación. En una de esas fiestas, que habitualmente se realizaban los jueves, murieron Ariana Lizárraga y Leticia Provedo.

La desvirtuación de rubro no es nueva. Farrell explicó ayer que en 2004 el local había sido habilitado como café, bar, cantina y despacho de bebidas. El permiso se amplió en 2005 para el funcionamiento como "salón de música y/o canto", para un máximo de cinco artistas, de 20 a 2. Luego, en 2009, los dueños -El Viejo Sabio SA- solicitaron que se los autorizara como casa de fiestas privadas. A este último pedido es al que Berkowski sugirió por escrito no acceder en la nota N° 17.533/09, pero Farrell hizo caso omiso ya que no era vinculante. De todos modos, la omisión despertó la polémica. "Usted se tendría que ir", le disparó Epszteyn. En tanto, según denunció el MST, Berkowski cumple funciones en Fiscalización y Control desde el gobierno de Ibarra, que fue destituido por mal desempeño en el área de controles. Este detalle no habría sido motivo suficiente para pedirle su alejamiento, sino todo lo contrario, ya que fue ascendida a directora general.

Horas antes del pedido de renuncia a Farrell, Macri había anticipado que "hasta que los peritos no hagan su trabajo" sobre las causas que provocaron el derrumbe del entrepiso en Beara, no pedirá la renuncia de ningún funcionario. "Las cosas se habían hecho como correspondían y estaba todo en regla", dijo el jefe de gobierno.

Ayer, los diputados de la oposición insistieron en que, en realidad, algunas cosas se hicieron mal. Volvieron a cargar contra la habilitación otorgada con la categoría "casas de fiestas privadas", ya que no figura en el Código de Habilitaciones, sino en el Código de Planeamiento. Esta supuesta irregularidad, no obstante, no fue exclusiva de la gestión macrista, según Farrell. Explicó que durante el gobierno de Fernando de la Rúa se habilitaron 38 salones con esta modalidad; durante el de Enrique Olivera, 4; durante el de Ibarra, 24; durante el de Jorge Telerman, 27, y durante el de Macri, 48. Antes de la autonomía porteña, según aseguró, se autorizaron otros 240.

Fuente: Diario La Nación
Martes 14 de Septiembre de 2010