La Pampa demandó al Gobierno por la promoción industrial

Presentó un recurso ante la Corte Suprema, en el que lo acusa de discriminar a la provincia

Sergio Romano
Para LA NACION

SANTA ROSA.- El gobernador kirchnerista Oscar Mario Jorge demandó esta semana al gobierno nacional ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por dejar a La Pampa fuera del régimen de promoción industrial.

El gobierno de La Pampa finalmente presentó en la Corte Suprema una acción declarativa de inconstitucionalidad del decreto presidencial 699/10, que este año extendió la vigencia del régimen de promoción industrial a las provincias de La Rioja, San Juan, Catamarca y San Luis, y de otro decreto que beneficiaría a un grupo de departamentos de Mendoza.

"Nosotros vamos a la Corte para defender nuestros derechos", sostuvo ayer Jorge, al confirmar la demanda.

La presentación la efectuó el fiscal de Estado de La Pampa, Alejandro Vanini. Además, en el mismo trámite radicó también el pedido de que se dicte una medida cautelar para frenar la vigencia del decreto.


Decreto presidencial

En mayo de este año, la presidenta Cristina Kirchner dispuso la prórroga del régimen promocional por quince años a cuatro provincias. Otorgó quince años de prórroga a las fábricas promocionadas, a las cuales se les estaban por vencer los beneficios impositivos (el pago de sólo una porción del IVA, de Ganancias y de los derechos que gravan las importaciones).

Otra de las provincias afectadas, Mendoza, también presentó una demanda ante la Corte. Pero el 23 de septiembre finalmente desistió, luego de conseguir que la Nación prometiera incluir a un grupo de departamentos provinciales en la promoción.

Ahora La Pampa pretende seguir el mismo camino de Mendoza: presentó la demanda en la Corte para forzar a negociar al gobierno nacional.

En 1997, La Pampa ya había presentado una demanda similar contra el Estado nacional al sentirse discriminada. El pleito fue resuelto recién el año pasado, con la firma de un acuerdo por el cual la provincia recibió una compensación de 500 millones de pesos a cambio de frenar ese juicio.

Sin embargo, argumentó Jorge, con este nuevo decreto presidencial se incurre en la misma discriminación contra su provincia.

"Particularmente no me gustan los juicios contra el Estado, pero como gobernador tengo que defender los intereses de la provincia", expresó. "Siempre he sostenido que para desarrollar un sector industrial en la provincia se necesita una política tributaria", manifestó.

Celso Jaque, el gobernador mendocino, dijo que la demanda de La Pampa perjudicará a Mendoza. Según su criterio, en el caso hipotético de tener curso la demanda pampeana, Mendoza y las demás provincias quedarían sin el beneficio, mientras que en caso contrario quedaría incluida. Si prospera la demanda de La Pampa ninguna provincia tendrá promoción", expresó Jaque.

La Nación
Jueves 30 de Septiembre de 2010

Clausuraron Galería Comercial por falta de medidas de seguridad

Es porque no cuenta con matafuegos, señalética y luces, informó el municipio

La Subdirección de Protección Humana por orden de un juez de Faltas de la Municipalidad de Córdoba clausuró hoy la Galería Comercial por la falta de medidas de seguridad.

El subsecretario de Gobierno, Javier Pueyrredón, indicó a La Voz que esa galería, que tiene entrada por las calles San Martín y 25 de Mayo, fue clausurada por no contar con medidas de seguridad: "Hace dos meses y medio se constituyó la Subdirección de Protección Humana y constató la falta de matafuegos, señalética y luces".

Trascurridos ese tiempo, las autoridades de esa dependencia con una orden de un juez del Tribunal de Faltas ordenó la "clausura preventiva" que afecta a uno de los dos consorcios que tienen la concesión.

Ahora, el Tribunal de Faltas deberá decidir si levanta la clausura o si decide su permanencia. Según Pueyrredón, como la ley no contempla específicamente a este tipo de galería de menos de 150 metros, hace tiempo que no estaban siendo controladas hasta que comenzó a funcionar la Subdirección de Protección Humana que busca regularizar la situación de esos reductos.

Actualmente, comentó, ese área envía notificaciones a la Cámara de Comercio, a los consorcios y a los propios comerciantes advirtiéndoles sobres irregularidades para que las reviertan.

De acuerdo al funcionario, "en tres meses se han regularizado galerías y se han clausurado muchas: Norte, Las Américas, London".

La Voz del Interior
Martes 28 de Septiembre de 2010

Beara: piden citar a tres funcionarios

El fiscal le solicitó a la jueza que les tome declaración por el delito de estrago doloso

El fiscal en lo criminal Andrés Madrea pidió a la jueza de instrucción Alicia Iermini que indagara a tres funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires por la habilitación del local Beara, del barrio de Palermo, donde el derrumbe de un entrepiso provocó la muerte de dos jóvenes.

El fiscal reclamó que el jefe del Departamento Esparcimiento, Norberto Cassano; el director de Habilitaciones Especiales, Pablo Seiskuscas, y el director general de Habilitaciones y Permisos, Martín Diego Farrell, fueran interrogados en orden al presunto delito de estrago doloso seguido de muerte.

Madrea pidió también las indagatorias del inspector del gobierno porteño Carlos Mustapich, quien habría avalado la habilitación del local; del maestro mayor de obra Gustavo Amaru, que realizó los trabajos previos, y del arquitecto Isaac Rastolski, que calculó que el inmueble podía soportar 500 kilogramos de peso por metro cuadrado.

El fiscal quiere que sea indagado, además, Maximiliano Frattino, quien habría contratado al grupo musical que actuó en el lugar poco antes que se produjera el derrumbe, según la agencia de noticias Télam.

Madrea pretende que Frattino responda sobre la cantidad de personas que esa noche concurrieron invitadas a Beara y cuál era el motivo de la convocatoria, además de confirmar datos relacionados con el precio de alquiler del local y por la contratación del conjunto musical.

El fiscal busca determinar, en su caso, si es cierto que pagó 4500 pesos a Ráfaga, 5000 por el alquiler de Beara e invitó a 150 personas que concurrieron gratis a un lugar en el que no está determinado que se haya presentado producto comercial alguno ni lanzado ningún evento.

La solicitud del fiscal incluyó el pedido de prohibición de salida del país para todos los imputados.

Para Madrea, también están incluidos en la imputación por estrago doloso los miembros de Viejo Sabio SA, la firma que, integrada por Juan Carlos Yun, Agustín Dobrila, Roberto Catán Coria, e Iván y Ronaldo Flies, explotaba el local de Scalabrini Ortiz al 1600, de esta Capital.


El padre, querellante

La semana pasada, la jueza Iermini aceptó como querellante al padre de una de las víctimas mortales del derrumbe de Beara, para que formara parte de la causa penal.

La magistrada hizo lugar al pedido efectuado por el padre de Ariana Beatriz Lizarraga, de 20 años, y lo habilitó de este modo para formar parte del expediente, pedir prueba, citación de testigos y hacer imputaciones.

La magistrada recibió el 21 de septiembre el expediente que se encontraba en la comisaría 25a y lo remitió al fiscal Madrea para que dictaminara sobre la calificación penal y sugiriera medidas de prueba para realizar, según informaron fuentes judiciales. También recibió del gobierno porteño el expediente de habilitación de Beara, que cumpliría con todos los requisitos, pero se debe determinar si fue correcto otorgarle el funcionamiento bajo la denominación de restaurante, café y casa para fiestas privadas.

La Nación
Martes 28 de Septiembre de 2010

Indemnizan con $90 mil a empleado con lesiones en la mano por el mouse

La Justicia consideró que la enfermedad que padecía el empleado se debía a su actividad laboral. Por ello, condenó a la firma y a la ART a pagar esa cifra

Una compañía deberá indemnizar a su empleado por los dolores que le provocó el prolongado uso del “Mouse” de la computadora, según informó este lunes en su sitio el Centro de Información Judicial.

La resolución fue de la Sala I de la Cámara Nacional del Trabajo, la cual dispuso que la empresa y la ART deberán pagar unos 90.000 pesos al trabajador que inició una demanda por haber contraído la llamada “Enfermedad del mouse”, que sufrió debido a su actividad laboral.

Según se explicó en la pericia médica de la causa, la “enfermedad del mouse produce el cercenamiento de la función prensil (o de agarre) de los objetos y/o reduce los movimientos como consecuencia de los intensos dolores generados por la inflamación referida”.

Por su parte, la camarista Gabriela Vázquez consideró que “no habiendo prueba fehaciente que permita entender que se trate de una enfermedad inculpable o que haya existido culpa de la víctima o de un tercero por el cual el principal no deba responder, considero que se reunieron los recaudos para que la incapacidad que porta el actor por Túnel Carpiano sea indemnizada conforme las disposiciones del derecho común”.

“Cuando se trata del daño a la salud, es válido que ésta sea concebida no sólo como la ausencia de enfermedad, sino como un estado de completo bienestar físico, mental y social, que consiste en la ausencia de impedimentos para gozar de los bienes de la vida, independientemente de la capacidad de trabajar o de ganar dinero”, agregaron los magistrados.

En consecuencia, los jueces fijaron la indemnización en 90.000 pesos, de los cuales 70.000 corresponden al daño material o lucro cesante y 20.000 al daño moral.

iProfesional
Martes 28 de Septiembre de 2010

Definen el debate por los glaciares

El Senado concluye hoy la ronda de consultas sobre el proyecto de protección ambiental

El debate parlamentario por una ley de protección de los glaciares entrará hoy en su etapa definitiva cuando la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado se reúna por última vez antes de la sesión especial prevista para pasado mañana.

La reunión será decisiva. No sólo porque se espera una definición de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, sino porque una vez concluida la ronda de consultas, en la que participan también cámaras empresarias mineras y del petróleo, los senadores deberán definir cuáles serán los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares que sancionará el Congreso.

Tras los cambios introducidos por la Cámara de Diputados, el Senado tiene que definir si insiste en su texto, aprobado el año pasado, o si respalda esas modificaciones. Fuentes parlamentarias confiaron ayer a LA NACION que la solución sería una versión intermedia, que incluirá artículos de los textos aprobados por el Senado y por Diputados cuando se vote en particular.

La clave pasaría por el artículo 17 del proyecto que salió de Diputados, que ordena detener todos los emprendimientos mineros en marcha hasta que se concluya el estudio que debe definir las áreas glaciares y periglaciares existentes en las zonas de alta montaña.

Esta versión es resistida por las provincias con desarrollo minero -San Juan a la cabeza-, que sostienen que esto afectará la seguridad jurídica de las inversiones en curso en sus distritos. Además, no reuniría los votos para su aprobación, por lo que se apelaría a la redacción votada por la Cámara alta, que no contempla esa restricción.

Las provincias mineras ya manifestaron, con el aval del secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, que están en contra de cualquier ley que imponga algún tipo de regulación a la facultad constitucional que tienen las provincias de explotar los recursos minerales de los subsuelos de sus territorios. Sin embargo, la presión ejercida por las organizaciones ambientalistas y el diputado Miguel Bonasso, que apoyan el texto de la Cámara baja, haría imposible que el Senado termine cajoneando el tema.

De todas maneras, los números favorecerían a las provincias mineras, que tendrían más de 30 votos. En este escenario concurrirán hoy, a las 10, representantes de la Secretaría de Ambiente -Homero Bibiloni, su titular, no había confirmado su presencia hasta anoche- y de las cámaras Argentina de Empresarios Mineros y de Exploración y Producción de Hidrocarburos, del Instituto Argentino de Petróleo y Gas y del Instituto Geológico de la Universidad Nacional de San Juan.

La Nación
Martes 28 de Septiembre de 2010

Autos y colectivos causan el 80% de la contaminación

Buscan reducir los gases con un bus ecológico. Una las principales razones del aumento de la polución es que cada vez hay más coches y los micros antiguos siguen circulando. El nuevo ómnibus con motor eléctrico sale a la calle la semana próxima

Para el Gobierno porteño, un 80% de la contaminación del aire de la Ciudad se produce por los gases que emiten los vehículos, tanto los colectivos como los autos particulares. Y en lo que va del año, la Agencia de Protección Ambiental sancionó a un 12% de los colectivos inspeccionados por exceso de emisión de gases. Mientras Buenos Aires sufre cada vez más la polución, hoy será presentado el primer colectivo ecológico.

En los primeros ocho meses del año, la Agencia realizó 14.600 inspecciones a colectivos en la calle, donde mide la emisión de humo negro y de ruidos. De ese total, el 15% tuvo algún tipo de sanción: el 12% por polución por gases y el 3% restante por emisión de ruidos.

El argumento repetido por la Agencia de Protección Ambiental porteña, es que uno de los principales motivos de la contaminación que generan los colectivos es su antigüedad . Es que la Secretaría de Transportes de la Nación viene prorrogando la vida útil de los vehículos hasta 13 años, cuando el tope legal es de diez . La explicación es que las empresas de transporte no tienen la rentabilidad suficiente como para reemplazar la flota. Si ahora se quisiera sacar de circulación a todos los vehículos con más de diez años, se estima que la mitad de las 9.500 unidades que recorren Capital y el Conurbano tendrían que dejar de funcionar .

Como parte del plan para reducir la contaminación, Buenos Aires presentará hoy su primer colectivo ecológico , que funcionará con un motor eléctrico. Así, podrá bajar en un 75% la emisión de lo que se conoce como “material particulado”, uno de los tóxicos más dañinos para la salud . También reducirá un 55% la propagación de dióxido de carbono y entre un 30% y 40% la de gases de efecto invernadero.

La presentación se hará hoy a las 12.20 en Paseo Colón y Belgrano. Pero el Ecobus comenzará a funcionar la semana que viene, una vez que la Comisión Nacional de Regulación de Transporte le dé la habilitación final.

“Esta unidad es la primera de una serie de cinco que se irán incorporando paulatinamente. Contribuirán a mejorar la calidad del aire de la Ciudad y a reducir el consumo de combustible fósil no renovable”, aseguró el ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli. Los siguientes cinco vehículos híbridos serían construidos en lo que resta del año, y circularían a partir del año que viene.

El colectivo prestará servicio para la línea 62, que une Retiro, Once y Constitución. Aunque el color característico de esta línea es el rojo, el Ecobus estará pintado de amarillo y verde . Hará el mismo recorrido que el resto de los vehículos, ya que no tiene ninguna diferencia en cuanto a la velocidad u otras prestaciones respecto de un colectivo normal.

El vehículo fue construido gracias a un convenio entre la Universidad de La Plata, la Ciudad y TATSA, la empresa de los hermanos Cirigliano que se dedica a la fabricación de colectivos. Costó 420.000 dólares, de los cuales el Gobierno puso 340.000, y los restantes 80.000 los aportó la empresa con el chasis, la carrocería y el armado. Es un vehículo de piso bajo, con rampas para discapacitados.

La diferencia de precios con los colectivos comunes es importante: según TATSA, un bus normal de piso bajo cuesta unos 120.000 dólares (y 135.000 si tiene aire acondicionado). Pero la inversión se compensa con el consumo, ya que el Ecobus gasta un 30% menos de combustible .

El proyecto para construir el Ecobus fue lanzado en 2008, y entonces se dijo que iba a estar listo en diciembre de ese año. Pero la presentación del prototipo la hizo el Gobierno porteño el 23 de junio del año pasado, días antes de las elecciones legislativas. Y recién ahora lo sacan a la calle.

Así, Buenos Aires se convertirá en la primera ciudad argentina en contar con un colectivo híbrido . Y será la segunda en Latinoamérica detrás de San Pablo, que ya tiene cuatro circulando. Superará incluso a grandes ciudades como París, que aún no tiene un vehículo de este tipo.

Por: Pablo Novillo
Clarín
Martes 28 de Septiembre de 2010

Puntos oscuros del sistema por los que se filtra la corrupción

Hay inspecciones no contempladas, atraso en el padrón de habilitaciones y categorías dudosas

Angeles Castro y Laura Rocha
LA NACION

El sistema de habilitaciones y controles de la ciudad posee desde hace muchos años puntos oscuros que suelen servir como puerta de acceso a la corrupción. Así lo admiten funcionarios del gobierno de Mauricio Macri y de gestiones anteriores, legisladores porteños, profesionales vinculados a la verificación de instalaciones y vecinos. Lo hacen bajo estricta reserva de sus identidades porque no pueden ofrecer pruebas de la existencia de las anomalías que, todos sospechan, se cuelan por los agujeros negros del circuito de habilitaciones y fiscalización.

Varios de estos puntos oscuros fueron denunciados, además, con nombre y apellido, por la Auditoría General de la Ciudad y por la Defensoría del Pueblo porteñas.

Las fuentes hablan, por ejemplo, de que los peritajes realizados por los profesionales (arquitectos e ingenieros de distintas especialidades, maestros mayores de obras, mecánicos electricistas, técnicos en telecomunicaciones) que verifican obras, ascensores e instalaciones comerciales no son vinculantes.

Por lo tanto, un informe negativo puede no frenar una habilitación ni generar una sanción y hasta puede ser usado -aseguran los afectados- para presionar a los dueños del inmueble con un objetivo que no es necesariamente la regularización de la situación. En el mismo sentido, un informe satisfactorio puede no traducirse en el otorgamiento rápido de un permiso o habilitación.

Otro punto deficiente del esquema de verificaciones salió a la luz tras el derrumbe del entrepiso del boliche Beara, en Palermo, que provocó dos muertes. La parte edilicia de un inmueble que pide autorización para funcionar como comercio se verifica al comienzo del expediente; si el local sigue abierto durante muchos años, por ejemplo 15, nadie vuelve a chequear si las instalaciones sufrieron deterioros y se han vuelto inseguras.

"La inspección previa a la habilitación es una foto. Después, los empresarios pueden efectuar modificaciones y no declararlas o bien pueden envejecerse algunos materiales y el Estado no lo detecta", describieron las fuentes.

Los inspectores que revisan la infraestructura para eventos masivos monitorean, en realidad, sólo los requisitos de seguridad (puertas de emergencia, matafuegos, certificados contra incendios, materiales ignífugos) y administrativos (plancheta de habilitación, contratos, etc). De esta manera, una falla edilicia podría provocar una tragedia sin ser advertida de antemano.

La creación en 2000 del cuerpo de profesionales verificadores de obras, que luego incluyó ascensores y habilitaciones, surgió en un intento del Estado porteño por tercerizar estos servicios para, a la vez, no sobrecargar la estructura burocrática y obtener una opinión independiente. Sin embargo, el verdadero poder en la calle lo retiene la estructura inspectiva, que es la que cuenta con poder de policía para aplicar sanciones, a diferencia de aquéllos. Es un secreto a voces que los responsables de los locales buscan el contacto con los inspectores o con las autoridades de Fiscalización y Habilitaciones.

En la estructura de control hay acusaciones cruzadas. Mientras las autoridades reconocen que pueden sobrevivir aun inspectores que hacen la vista gorda ante las irregularidades, las bases dicen que reciben órdenes de las "altas esferas" para no ir a determinados locales.

Alerta institucionales

Dos informes de la Auditoría General de la Ciudad (Agcba) sobre las direcciones generales de Habilitaciones y de Fiscalización revelaron que en 2008 era escasa la cantidad de inspectores, que los cronogramas de inspecciones no alcanzaban para detectar muchas irregularidades -como sucedió con Beara, que organizaba fiestas ilegales los jueves a la noche y no recibía controles en esos días- y que los padrones de comercios habilitados estaban desactualizados, por lo que los inspectores no encontraban los locales que iban a verificar en el domicilio indicado.

"Casi 15.000 de las 56.596 inspecciones no dieron resultado por ese motivo", explicó Sandra Bergenfeld, presidenta de la Agcba.

Sobre la existencia de anomalías en el sistema de habilitaciones también había advertido la Defensoría del Pueblo: "Hay vicios históricos que se mantienen y conducen inevitablemente a la violación de la normativa vigente. Las tramitaciones en distintas reparticiones sin el cruzamiento de datos permiten burlar las normas", dijo el defensor adjunto Atilio Alimena.

En los últimos tiempos, y especialmente después del derrumbe en Beara, también parece confirmarse que algunas categorías de habilitación de locales simplemente sirven como una pantalla para ocultar actividades de baile no autorizadas.

Esto sucedería, por ejemplo, con la habilitación de locales en la categoría "salones de fiestas privadas". No es un dato menor que, desde 2007, el registro oficial de boliches bailables, en el que se inscriben todas las discos, permanece casi estático con 97 inscriptos, mientras en la calle crece cada vez más la oferta para bailar. Curiosamente, desde principios de 2008 hasta la actualidad el gobierno habilitó 48 nuevas casas para fiestas privadas, entre ellas Beara que, en realidad, organizaba bailes pagos.

Sobre este punto oscuro los familiares de las víctimas de Cromagnon afirman haber alertado al responsable de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Javier Ibáñez, 48 horas antes del derrumbe en Beara. "Es paradójico que hayamos sido nosotros", dijo José Iglesias, padre de Pedro, una de las 194 víctimas de aquel incendio ocurrido en 2004.

Otro recurso contemplado en el sistema, pero que abrió la puerta a la discrecionalidad, es el otorgamiento de permisos excepcionales para hacer bailes a establecimientos habilitados con otro fin.

La experiencia demostró que el instrumento legal se desvirtuó por completo, ya que llegó a otorgarse dos veces por semana a algunos bares, que evidentemente recurrían a este artilugio para no habilitarse como locales bailables. Cuando trascendió esta irregularidad, el gobierno porteño anunció que dejaba de entregar estos permisos por 30 días.

EN PRIMERA PERSONA

Las Cañitas
Problemas con los fiscales
Una vecina relató a LA NACION que, en más de una ocasión, llamó por teléfono a los fiscales contravencionales para exigir su presencia para constatar que pubs de la zona emiten ruidos molestos y organizan bailes ilegales. "El operador prácticamente nos desahució. Dijo que si venía el fiscal debíamos estar presentes y aceptar firmar el acta. Aceptamos, e igual no vinieron", dijo.

Palermo
Informantes pagos
Un empleado de un local bailable relató que, durante mucho tiempo, le pagaron 4000 pesos por mes a un "informante" que les avisaba cuando los inspectores del gobierno de la ciudad estaban próximos a visitar el lugar.

De aquí y de allá
Bailes que violan las normas
Un adolescente comentó que pagó entrada en Madagascar y Tazz, pese a que están habilitados como bares; que bailó en Pek2, de la zona de la plaza Serrano, aunque está habilitado como "actividad cultural", y que hubo pogo en Red Bell, en Rivadavia al 800, autorizado a funcionar como bar. LA NACION pudo saber que ninguno tramitó permisos excepcionales para organizar bailes.

La Nación
Jueves 23 de Septiembre de 2010

Biocombustibles: se aceleran las inversiones y el corte llega a Buenos Aires

La Secretaría de Energía oficializó el aumento de la proporción de etanol y biodiesel que deben contener los combustibles. La medida promueve inyecciones de capital por parte de empresarios como Eduardo Eurnekian. También alienta desembolsos por más de u$s400 M. El desembarco en Capital Federal

De la mano del avance del etanol y el biodiesel en el segmento de las naftas, la Argentina resulta cada vez más atractiva en materia de inversiones vinculadas con biocombustibles.

En este escenario, y con el fin de incentivar la industria, la Secretaría de Energía fijó recientemente un nuevo aumento en el nivel de corte de las naftas con componentes alternativos. En este mercado, crecen las expectativas sobre la realización de fuertes desembolsos de aquí a los próximos dos años.

A través de la resolución 828/2010 del organismo que conduce Daniel Cameron -oficializada este mes-, se establece que, teniendo en cuenta lo acordado con las elaboradoras de biocombustibles, la mezcla final “con el combustible fósil no podrá, a partir de ahora, contener una proporción de bio inferior al 7 por ciento”. Hasta el momento, el corte vigente fijaba un tope del 5 por ciento.

Precisamente este incremento resulta, en principio, el argumento que los especialistas del segmento enarbolan al momento de analizar las inversiones hechas y las que se vienen en lo que hace a producción de aceites orientados a los surtidores.

Otro argumento también motoriza la tendencia: según confirmaron a iProfesional.com desde la Asociación Argentina de Biocombustible e Hidrógeno, antes de fin de año la nafta cortada con biocombustible hará, por fin, su debut en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

“La incorporación a la red de abastecimiento de la destilería del Ingenio Ledesma garantizará un aumento en la oferta de bioetanol en el último trimestre del año. Cada petrolera cuenta con un cronograma mediante el cual articulará su logística para llevar esto a cabo”, comentó a iProfesional.com Claudio Molina, director de la entidad.

Ledesma, propiedad de la familia Blaquier, informó además que su controlada BioLedesma se encuentra construyendo una terminal deshidratadora de alcohol en la provincia de Jujuy por un monto de inversión cercano a los 28 millones de pesos.

El último ejemplo del interés que despierta la producción de biocombustibles en el país puede ubicarse en Eduardo Eurnekian, que acaba de confirmar –a través de la firma Unitec Bio– el desembolso de 70 millones de dólares para levantar una planta de elaboración de diesel.

Mediante esta decisión, el empresario apunta a duplicar su actual nivel de producción y así abastecer al mercado interno. La construcción de las nuevas instalaciones comenzará a principios de año, y se estima que iniciará su producción durante el segundo semestre de 2011.

La nueva planta “apunta además a cubrir el faltante de gasoil que actualmente se importa y reemplazarlo por biodiesel para abastecer al mercado local”, explicó en un comunicado Unitec Bio, la firma de Eurnekian que integra Corporación América.

El establecimiento se ubicará junto a la planta que la firma ya posee en Puerto General San Martín, Santa Fe, y tendrá una capacidad de producción de 220.000 toneladas anuales. Se trata de una planta de gran tamaño que producirá el combustible basado en soja que reemplaza una proporción del gasoil en los motores diesel.

En paralelo, sólo en junio último el interés por desarrollar destilados a partir de cultivos como la soja concentró anuncios por casi 60 millones de dólares.

La primera iniciativa, derivada de una acción coordinada por la Cámara de Agroalimentos y Biocombustibles de Córdoba (Cabiocor), las firmas Man Diesel y CaribNRG, y la estatal Enarsa, comprende la construcción de un establecimiento generador de energía eléctrica en la localidad mediterránea de Villa María.

Dicho proyecto demandará una inversión superior a los u$s50 M en un plazo de dos años.

La segunda propuesta, en cambio, consiste en la instalación de una planta de producción de biodiesel en la ciudad de Zárate. Es promovida por la firma ALS Bioenergy y contempla la construcción y operatividad de instalaciones capaces de generar 60.000 toneladas anuales de combustible a base de granos de soja. La inversión se estima en u$s9 millones.

Estos desembolsos, que comenzarán a hacerse efectivos en el mediano plazo, cuentan con antecedentes inmediatos como los u$s300 M, confirmados hace pocas semanas por la firma Green Pampas, para levantar muelles, centros de acopio y servicios de infraestructura en la costa del río Paraná.

Se estima que entre inversiones realizadas y proyectadas, en la Argentina el segmento de los biocombustibles acumula inyecciones de capital por alrededor de 1.000 millones de dólares.

Alcances con futuro

Desde la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), Fernando Peláez, titular de la entidad, señaló que los alcances de esta tendencia podrían perpetuarse, incluso, hasta principios del año próximo.

“Vemos inversiones muy fuertes entre el último trimestre de 2010 y la primera parte del año que viene. El biocombustible no es un sector que se ajuste a una tendencia pasajera. En ese período, se sumarán hasta u$s200 millones en desembolsos orientados sólo al biodiesel. Una cifra similar podría aplicarse a la producción de etanol”, comentó a iProfesional.com hace escasas semanas.

“Pero también hay que tener en cuenta que las plantas demoran su tiempo en empezar a producir bio. Algo a tener en cuenta es que la mayoría de las empresas, que están apostando por este segmento, son de capital local. Los grandes fondos internacionales, que eran los más interesados hace cuatro años, hoy prácticamente están desaparecidos”, agregó.

En la actualidad, y según la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, este segmento presenta las siguientes particularidades:

• Por estos días, la capacidad para la producción de biodiesel es de 2,5 millones de toneladas.
• El país tiene previstas exportaciones por 1,5 millones de toneladas de biocombustibles para fines 2010.
• Durante este primer año de la entrada en vigencia de la ley, se destinarán al mercado interno 500.000 toneladas como parte del cupo para cortar el gasoil.

Peláez destacó que, en la Argentina, “de aquí al primer trimestre de 2011 se van a realizar inversiones por u$s200 millones” que van a ampliar la capacidad instalada en unas 600.000 toneladas.

En tanto, desde la Asociación Argentina de Biocombustible e Hidrógeno, Molina adelantó que para 2015, el país “contará con 5,5 millones de toneladas de disponibilidad de biodiesel”.

Y agregó que “el corte en un 10%, tanto en biodiesel como en etanol, tendrá lugar a fines del año que viene”.

Por otra parte, Molina anticipó que la Argentina estará en condiciones de producir etanol de maíz y sorgo en el mediano plazo.

“Bio4, Agroctanos y Biomadero ya obtuvieron un cupo para producir alcohol de maíz, sorgo, y de tubérculos como la papa, la batata y la mandioca”, afirmó.


El corte, sin efectos negativos

A la hora de analizar las particularidades del uso de biocombustibles en la Ciudad de Buenos Aires, tras la suba del 7% establecida por la Secretaría de Energía, Molina aseguró que los automovilistas, “no van a tener que realizar ningún cambio en sus vehículos”.

Y agregó que “sólo aquellas unidades anteriores a 1990 sí tendrán que incorporar pequeñas modificaciones”.

Además, destacó que “este biocombustible es un diesel premium. No tiene azufre y brinda un nivel de lubricación muy bueno para el motor, lo que posibilita un andar mucho más suave, sumado a que ayuda a reducir, de manera sustancial, la emisión de gases contaminantes”.

El directivo recalcó que las automotrices no van a tener problemas en aceptar este aumento del corte ya que “hay estudios que avalan las ventajas del uso del biodiesel”.

En esa dirección, hizo hincapié en un experimento que hizo la Universidad Técnica Nacional (UTN), donde un vehículo con una mezcla conformada por un 20% de biodiesel realizó más de 100.000 kilómetros, con resultados muy alentadores.

A la hora de hacer proyecciones, Molina se mostró sumamente optimista y recalcó que, al igual que en 2009, la Argentina este año se consolidará en el primer puesto entre los exportadores de biodiesel. Incluso, pronosticó que, con el aumento de la capacidad, el país peleará por colocarse entre los principales productores mundiales.

Patricio Eleisegui
© iProfesional.com

iProfesional
Jueves 23 de Septiembre de 2010

Riachuelo: citan a dos ministros

El ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio De Vido, y su par de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, deberán explicar mañana a la Justicia qué hicieron, dentro de sus ámbitos de actuación, para urbanizar las villas y los asentamientos adyacentes a las márgenes del Riachuelo.

El juez federal de Quilmes Luis Armella, a cargo de la verificación del cumplimiento del fallo de la Corte Suprema que exige a la Nación, la provincia y la ciudad de Buenos Aires llevar adelante todas las medidas necesarias para sanear el curso de agua más contaminado de la Argentina, dispuso que ellos, 14 intendentes del conurbano y una decena de funcionarios federales, bonaerenses y porteños se presenten a las 11 en el Palacio de Tribunales.

Según consta en las resoluciones publicadas por el Centro de Información Judicial (CIJ) de la Corte Suprema, el juez indagará a los funcionarios sobre las medidas que ya hubieran sido adoptadas en relación con la urbanización junto al Riachuelo, y sobre las medidas aún por adoptar.

Recordó el CIJ que, en otra resolución, Armella había sostenido que la problemática socio-ambiental de los asentamientos de la cuenca "merece un esfuerzo mancomunado y sin dilación alguna de la Acumar [Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo] y los Estados involucrados para dar soluciones urgentes".

La Nación
Miércoles 22 de Septiembre de 2010

Piden informes a Aníbal Fernández

En 15 días deberá reportar sobre la ejecución presupuestaria del plan de limpieza de la cuenca.

Laura Rocha
LA NACION

La Justicia reclamó ayer al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, que informe sobre la asignación presupuestaria y el grado de ejecución del presupuesto destinado al saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo y pidió a la autoridad a cargo de esas tareas que "utilice la totalidad" del dinero asignado, tras advertir subejecución de esos recursos.

El juez federal de Quilmes, Luis Armella, que tiene a cargo la ejecución y el seguimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó la limpieza de la cuenca, determinó que el informe deberá ser enviado, dentro de 15 días, a la Auditoría General de la Nación (AGN).

El magistrado pidió que el funcionario reporte "la existencia, la ejecución y el grado de avance de los créditos internacionales vigentes y afectados al Plan Integral de Saneamiento de la cuenca".

La resolución obedece a una respuesta de la AGN -designada por la Corte para llevar adelante el control específico de la asignación de fondos y de ejecución presupuestaria del plan de saneamiento- en la que indicó que desde la Jefatura de Gabinete no se le estaba brindando la información requerida.

En la resolución, el juez reclamó al presidente de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) y secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Homero Bibiloni, y a los tres estados que involucra, la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Capital, "que utilicen la totalidad del presupuesto asignado en las distintas áreas para el saneamiento del Riachuelo".

"Surge claramente la existencia de una subejecución presupuestaria por parte de la Acumar. A más de dos años de la ejecución del fallo, y existiendo créditos vigentes y fondos disponibles suficientes, resulta inexplicable la demora en la realización de las obras de infraestructura comprometidas", advirtió el magistrado en la resolución.

Según consta el fallo, en 2008 se ejecutó el 46,72 por ciento del presupuesto, mientras que en el primer semestre del año pasado se ejecutó el 65% del crédito vigente. Respecto de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, la Acumar informó que se encuentra ejecutado en el 44,22% y los fondos pendientes de desembolsos al 31 de diciembre del año pasado ascienden a US$ 55.779.533,72.

Dadas estas informaciones parciales, el juez ordenó a Fernández que detalle los presupuestos y su grado de ejecución.

Cabe recordar que el año pasado el Banco Mundial aprobó un préstamo por 840 millones de dólares que se utilizarán para la construcción de colectores en las márgenes del Riachuelo, como una solución a los problemas de saneamiento. Por el momento, este dinero, a cargo del Ministerio de Planificación Federal, no ha sido desembolsado.

Frente a los reiterados retrasos en la ejecución del plan de saneamiento, Armella multó a principios de este mes a Bibiloni con 4000 pesos diarios. Los incumplimientos están relacionados con la contaminación industrial, la información pública, la eliminación de basurales y la adopción de estándares internacionales.

La semana pasada, dos de esas sanciones fueron suspendidas, ya que Bibiloni sostiene que dos de esas demandas están siendo cumplidas. La multa diaria que paga el secretario hoy asciende a 2000 pesos.

Fuente: Diario La Nación
Miércoles 15 de Septiembre de 2010

En la Capital se autorizan bailes en sitios no habilitados

Angeles Castro
LA NACION

Las irregularidades en las habilitaciones y controles de boliches en la Capital sumaron ayer un nuevo y polémico capítulo al conocerse que prácticamente todas las semanas el gobierno porteño concede excepciones para que se usen como discotecas numerosos lugares que no fueron habilitados para tal fin. No se trata, precisamente, de permisos aislados. Algunos bares, por ejemplo, fueron autorizados a "convertirse" en boliches bailables hasta dos veces en una semana. Y en no pocos casos tienen música en vivo.

La modalidad fue denunciada por diputados opositores durante la extensa reunión que mantuvieron en la Legislatura con funcionarios de Mauricio Macri, a los que convocaron para que explicaran cómo otorgan las habilitaciones, luego de que en la madrugada del viernes pasado murieron dos jóvenes aplastadas por un entrepiso que se derrumbó en el bar Beara, en Palermo.

El trámite de excepción del uso de un local está contemplado por la la resolución N° 1010, emitida en 2005 tras la tragedia de Cromagnon y aún vigente. Fue ideado como una alternativa para autorizar en forma excepcional el desarrollo de recitales o bailes en lugares cuya habilitación original no incluía este tipo de actividades.

Al principio, estuvo dirigido a paliar un vacío legal relacionado con los estadios de fútbol, pero luego su aplicación se fue extendiendo a otros establecimientos que solicitaban realizar "espectáculos o diversiones" no previstos por la categoría en la que habían sido habilitados.

Ayer, los diputados Gonzalo Ruanova (ex ibarrista, hoy sabbattelista) y Daniel Amoroso (ex macrista, hoy denarvaísta) denunciaron que, con el tiempo, lo que debía ocurrir como un caso excepcional se terminó haciendo moneda corriente, desvirtuando así la finalidad de la norma y, en los hechos, admitiendo que en bares y restaurantes se baile hasta dos veces por semana como si fueran discotecas.

Lo que hubiera correspondido es que los dueños de los comercios tramitaran una habilitación como local bailable e hicieran frente a todas las exigencias y mayores costos en materia de seguridad que ello implica.

"Tengo el presentimiento de que se utilizó una normativa de carácter excepcional para convertirla en una regla. En lugares donde las condiciones mínimas de seguridad no permiten que funcione un boliche, lo terminaron haciendo", dijo Ruanova.

"Son todos casos de boliches bailables encubiertos; algunos, muy graves, como este último [por Beara Lounge], con conjuntos musicales que convocan a mucha gente", agregó Amoroso.

Ruanova explicó que -según datos que maneja y cuya confirmación solicitó al director de la Agencia Gubernamental de Control, Javier Ibáñez, que anteayer acudió por segunda vez a la Legislatura a dar explicaciones sobre el derrumbe en el boliche de Palermo- hay ejemplos paradigmáticos del extendido uso de la resolución 1010 en los últimos dos años: en ese lapso, Terrazas al Este, en la Costanera Norte, habría recibido 90 permisos de baile; Modena, en Recoleta, 78, y Belushi, en Palermo Hollywood, 53.

"Habilitarse como local bailable clase C es el trámite más duro, porque se imponen muchas exigencias de seguridad, como la colocación de matafuegos, certificados de bomberos trimestrales y doble salida de emergencia, todas condiciones que se endurecieron tras Cromagnon. Entonces comenzó a ser habitual disfrazar la actividad de baile con la habilitación como casa de fiestas privadas y con el permiso excepcional de la resolución 1010", explicó Ruanova.

Precisamente el local Beara contaba con la habilitación como salón de fiestas privadas (categoría que no existe en el Código de Habilitaciones), pero en rigor -según trascendió tras el derrumbe- no se realizaban allí fiestas privadas, sino que los bailes se promocionaban por Internet para captar asistentes a los que, además, se exigía el pago de una entrada o consumición.

El comercio situado en Scalabrini Ortiz 1638 había sido habilitado originalmente como bar y restaurante, permiso que había violado en más de una oportunidad.

Esos antecedentes condujeron a la directora general de Fiscalización y Control, Vanesa Berkowski, a sugerir a su par de Habilitaciones, Martín Farrell, que no otorgara a los dueños de Beara la nueva autorización solicitada para funcionar como sala de fiestas privadas. Farrell desoyó esta recomendación, amparado en que "no puede negarse una habilitación por la existencia de antecedentes de violación a la normativa".

Ayer, el director general fue ratificado en su puesto tanto por Ibáñez como por funcionarios de la primera línea de gobierno. Argumentaron que "todo se hizo respetando la ley vigente", que no permite la "discrecionalidad" para entregar habilitaciones.

Respecto de la inusual frecuencia en los permisos de baile otorgados a través de la resolución 1010, Ibáñez reconoció que existe, pero negó que estuviera relacionada con una intención de no invertir en medidas de seguridad por parte de los empresarios que regentean los establecimientos.

En ese sentido, aclaró que uno de los lugares denunciados, Modena, situado en Figueroa Alcorta al 2200, "tiene habilitación como local bailable clase C desde mediados de 2009", y admitió que, con anterioridad, pedía autorizaciones bajo la resolución 1010, pero no pudo precisar la cantidad que le había sido concedida.

Sobre Terrazas del Este, informó que desde principios de 2009 "se le pueden haber entregado dos permisos por semana", pero que mientras tanto está tramitando la habilitación como clase C "haciendo toda la inversión correspondiente".

Además, dijo que, según registros oficiales, Belushi está habilitado como café, bar y restaurante y que, "desde hace cuatro meses, se le otorgaron unas 12 autorizaciones para baile".

El jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, defendió lo actuado por sus funcionarios "en total respeto por la normativa vigente" y sostuvo que, para mejorar el sistema de habilitaciones, debe modificarse por ley el código correspondiente.

En ese sentido, recordó que el Poder Ejecutivo envió en 2008 un proyecto de reforma integral, que incluye la incorporación de las casas de fiestas privadas.

PROTAGONISTAS GONZALO RUANOVA
Diputado sabbatellista
Denunció que una normativa para autorizar bailes en forma excepcional se usaría con una frecuencia semanal en algunos establecimientos.

DANIEL AMOROSO
Diputado denarvaista
También sostuvo que, bajo la resolución 1010, funcionan boliches bailables encubiertos, con el objeto de evadir inversión en seguridad. HORACION RODRIGUEZ LARRETA
Jefe de gobierno porteño Para mejorar las habilitaciones, pidió a la Legislatura que apruebe una reforma al Código de Habilitaciones que el gobierno envió en 2008.

La Nación
Miércoles 15 de Septiembre de 2010

Una decisión verde contra el volcado de efluentes

La Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata admitió parcialmente una acción de amparo de los vecinos y, en consecuencia, suspendió el emprendimiento de volcado de efluentes de la planta de faena avícola del demandado en la vía pública, hasta tanto se sufraguen las exigencias del artículo 23 de la ley 11723. Es decir, hasta tanto se cumpla con la pertinente declaración de impacto ambiental.

Los actores, luego de invocar su calidad de vecinos de la localidad de Villa Lía del Partido de San Antonio de Areco, promovieron la "acción de amparo ambiental contra la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de San Antonio de Areco", impugnando la resolución 523/07 y la ordenanza municipal 3260/07 en cuanto "aprueban la actividad del establecimiento particular al que refieren".

Los habitantes de la zona se vieron afectados por "el volcado de efluentes sobre la vía pública", con destino en el Arroyo Doblado, provenientes de un establecimiento industrial, sito en esa misma localidad y dedicado a la faena de aves.

En cuanto a la legitimación, los jueces Gustavo De Santis, Claudia Milanta y Gustavo Spacarotel entendieron que: "La calidad de vecinos de la localidad en la que el establecimiento de faena de pollos se encuentra afincado, como la afectación de la vía pública y el sitio de derivación del volcado en un curso de agua comprendido en esa vecindad, son todas circunstancias que le confieren a los actores el carácter de afectados en los términos del artículo 43 CN".

"La titularidad indiferenciada y la afectación común, que distinguen a las situaciones de incidencia colectiva de otras con notas de exclusividad, modelan una habilitación adjetiva sin cortapisas a favor de toda persona que invoque una disfunción ambiental, siempre que sus alcances y consecuencias indeterminadas ofrezcan un daño susceptible de particularizarse en ella como miembro de la colectividad afectada", consigna el fallo.

Asimismo, los magistrados interpretaron que "debe rechazarse la acción en cuanto impugna los reglamentos dictados por la Autoridad del Agua provincial y la Municipalidad, con fundamento en que ambos habrían inobservado normas de protección ambiental al autorizar, en sus diversos términos, las obras destinadas al volcado de efluentes por la vía pública hacia un curso natural de agua, ello, pues ese tópico, así articulado, carece de recepción posible en el contexto de un proceso precautorio como el abierto".

"Toda vez que en virtud a la forma en que se hubo desarrollado el proceso de amparo ambiental no se cuentan con elementos suficientes para abordar un trámite anulatorio y/o impugnatorio dentro del actual proceso, el que por su naturaleza, no resulta ajeno, de brindarse los medios probatorios necesarios para configurar la litis en ese extremo de condena", agregaron los camaristas.

"Es entonces la orfandad constitutiva del presente litigio el que impide un pronunciamiento que supere, la sentencia preventiva que se predica; empero, en modo alguno propugno la abstención previa por el sólo argumento de excluirla en el ámbito del proceso ambiental que pregona el artículo 43 de la C.N. y 20 , 28 de la Const. Pcial", concluye la sentencia.

Fallo provisto por Microjuris

Dju - Diario Judicial
Lunes 13 de Septiembre de 2010

Gualeguaychú: con recaudos, volvieron a bloquear la ruta

Jorge Riani
Para LA NACION

PARANA.- Un nuevo corte de la ruta 136 realizaron ayer los integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú. La interrupción se extendió por dos horas, a partir de las 15.30, momento en que alrededor de un centenar de automóviles comenzó a ocupar el pavimento de la vía internacional, a la altura del punto conocido como Arroyo Verde.

Con la consigna de "Música, mateada y volanteada", los asambleístas entrerrianos realizaron el segundo corte, tras dar por terminada la "tregua" y decidir continuar con la protesta contra la ex pastera Botnia durante los cuatro domingos de este mes. Ayer, la manifestación consistió en ocupar la ruta, pero no hubo ningún pronunciamiento ni decisión sobre futuras acciones de protesta. Sin embargo, se analizó la posibilidad de insistir en un pedido de entrevista a Néstor Kirchner, en su calidad de presidente de la Unasur, algo que se pondrá en debate otra vez pasado mañana, cuando el ex presidente pueda estar ya en condiciones de retomar la agenda pública, tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido.

Un detalle que no pasó inadvertido en la concentración de ayer en Arroyo Verde fue que los asambleístas denunciados por cortar la ruta participaron de la concentración evitando pisar el pavimento.

"Por consejo de los abogados, estuvimos en la banquina", admitió José Pouler, cuyo nombre integra la lista de diez asambleístas denunciados por el Gobierno nacional, con la acusación de obstaculizar la ruta que conduce al puente internacional que une Gualeguaychú con Fray Bentos.

Pouler confirmó que la Cámara Federal de Paraná citó a los asambleístas a una audiencia oral para el miércoles, a fin de resolver la apelación presentada por el Gobierno contra el fallo del juez Gustavo Pimentel, quien entendió que no debía llamarse a indagatoria a los denunciados.

Para ese día, en la capital provincial se espera la llegada de un nutrido grupo de asambleístas, que se trasladarán hasta el frente del edificio judicial para "hacer el aguante" a los asambleístas denunciados.

"En el corte del domingo pasado -dijo ayer Pouler, al ser consultado por LA NACION-, hubo efectivos de Gendarmería filmando, muchos de ellos de civil. También filmaron desde helicópteros, pero hoy no se los vio."

Según evalúan varios asambleístas, la documentación registrada por las fuerzas de seguridad en la ruta será presentada ante la Justicia como parte de la causa que entabló el Gobierno contra los manifestantes que impidieron el paso de personas y autos entre Uruguay y la Argentina.

A la vez, desde otros sectores de la asamblea de Gualeguaychú dieron por seguro que la orden de filmar fue emitida por el juez Pimentel, y por eso ayer quienes están denunciados evitaron ocupar la ruta durante la jornada de ayer.

La Nación
Lunes 13 de Septiembre de 2010

Habían recomendado que no se habilitara el boliche Beara

Angeles Castro
LA NACION

Una directora general del área de Control del gobierno porteño había recomendado a su par de Habilitaciones no autorizar el funcionamiento de actividades de baile en Beara, el local donde murieron dos chicas el viernes pasado, aplastadas por un entrepiso que se desplomó, por los antecedentes de violación a la normativa vigente que poseían los dueños del boliche. No obstante, el permiso fue otorgado 21 días después, cuando la sociedad comercial que regenteaba el espacio todavía permanecía imputada ante la justicia contravencional en una causa iniciada por la misma administración porteña, a raíz de la contravención calificada como "encubrimiento de actividad de baile".

Finalmente, los acusados fueron hallados culpables en primera y segunda instancia.

Los datos fueron aportados ayer por los legisladores opositores Eduardo Epszteyn y Aníbal Ibarra, durante una reunión mantenida ayer por funcionarios de Mauricio Macri con legisladores. Estaban presentes, precisamente, los dos directores en cuestión: Vanesa Berkowski, responsable de Fiscalización y Control del gobierno porteño, y Martín Farrell, de Habilitaciones, señalado por haber desoído la advertencia de su compañera de trabajo.

"Yo no tengo potestad para negar una habilitación por los antecedentes que tenga el solicitante, siempre que cumpla los requisitos contemplados para la habilitación [relacionados con condiciones fìsicas y de seguridad], entre los cuales no figuran los antecedentes", respondió Farrell, ante la exigencia de una explicación sobre su decisión de habilitar Beara el 24 de agosto de 2009, pese a la crítica nota que le había elevado el 3 del mismo mes Berkowski. La explicación no pareció muy convincente.

Como se recordará, luego del trágico derrumbe registrado en el local de Scalabrini Ortiz 1638, en Palermo, salieron a la luz irregularidades registradas en el funcionamiento del boliche, que organizaba bailes pagos pese a que sólo estaba habilitado como casa de fiestas privadas, a las que supuestamente los asistentes acudían por invitación. En una de esas fiestas, que habitualmente se realizaban los jueves, murieron Ariana Lizárraga y Leticia Provedo.

La desvirtuación de rubro no es nueva. Farrell explicó ayer que en 2004 el local había sido habilitado como café, bar, cantina y despacho de bebidas. El permiso se amplió en 2005 para el funcionamiento como "salón de música y/o canto", para un máximo de cinco artistas, de 20 a 2. Luego, en 2009, los dueños -El Viejo Sabio SA- solicitaron que se los autorizara como casa de fiestas privadas. A este último pedido es al que Berkowski sugirió por escrito no acceder en la nota N° 17.533/09, pero Farrell hizo caso omiso ya que no era vinculante. De todos modos, la omisión despertó la polémica. "Usted se tendría que ir", le disparó Epszteyn. En tanto, según denunció el MST, Berkowski cumple funciones en Fiscalización y Control desde el gobierno de Ibarra, que fue destituido por mal desempeño en el área de controles. Este detalle no habría sido motivo suficiente para pedirle su alejamiento, sino todo lo contrario, ya que fue ascendida a directora general.

Horas antes del pedido de renuncia a Farrell, Macri había anticipado que "hasta que los peritos no hagan su trabajo" sobre las causas que provocaron el derrumbe del entrepiso en Beara, no pedirá la renuncia de ningún funcionario. "Las cosas se habían hecho como correspondían y estaba todo en regla", dijo el jefe de gobierno.

Ayer, los diputados de la oposición insistieron en que, en realidad, algunas cosas se hicieron mal. Volvieron a cargar contra la habilitación otorgada con la categoría "casas de fiestas privadas", ya que no figura en el Código de Habilitaciones, sino en el Código de Planeamiento. Esta supuesta irregularidad, no obstante, no fue exclusiva de la gestión macrista, según Farrell. Explicó que durante el gobierno de Fernando de la Rúa se habilitaron 38 salones con esta modalidad; durante el de Enrique Olivera, 4; durante el de Ibarra, 24; durante el de Jorge Telerman, 27, y durante el de Macri, 48. Antes de la autonomía porteña, según aseguró, se autorizaron otros 240.

Fuente: Diario La Nación
Martes 14 de Septiembre de 2010

Ratifican la denuncia contra Castro por “violencia laboral”

El defensor legal de una empleada de la Cancillería que presentó una denuncia por “violencia laboral” contra la embajador en Caracas, Alicia Castro, confirmó ayer los dichos de su cliente. El abogado, Fernando Uría Acevedo, también ratificó ante este diario la existencia de un sumario administrativo abierto en el Ministerio de Relaciones Exteriores contra la diplomática, quien ha negado conocer la existencia del mismo, pese a que se indicó que dos empleados ya declararon: el ex número de dos de la embajada Carlos Riva y el ex agregado comercial de dicha sede, Alberto Alvarez Tufillo.

Entre tanto, en la Dirección de Prensa del ministerio seguían sin responder a las reiteradas consultas de Clarín sobre el caso Castro.

Según publicó este diario en exclusiva, Marta Alicia Oyola, presentó en 2008 una denuncia ante la Fiscalía Administrativa de Investigaciones (expediente 25936-4613), que un colega de la mujer hizo llegar a estos diario cuando el escándalo sobre el presunto pago de coimas en los negocios entre Argentina y Venezuela ardía.

Con 39 años en la administración pública, Oyola controló desde 2005 hasta 2007 todos los movimientos contables de la embajada. En su denuncia acusa a Castro de tener una “conducta desquiciada” con ella, y a la Cancillería de ser “cómplice necesario”, por lo que pedirá al Estado US$ 200 mil contó una fuente diplomática a este diario. Oyola dice que Castro le cambió e incorporó nuevas tareas -incluyendo las de mayordomía- y le incrementó horas de trabajo, hasta que tuvo una crisis por la que sigue de licencia médica.

Para reforzar su denuncia, Oyola indicó que 2007 fueron “contratadas y cesanteadas caprichosamente” en la Embajada comandada por Castro unas 11 personas”. Ayer su abogado fue más duro. Uría Acevedo aseguró que otro administrativo que trabajaba en la embajada, Hugo Tropiano “murió de una crisis cardíaca” por el “asedio que sufría”.

Fuente: Diario Clarín
Miércoles 15 de Septiembre de 2010

La ESSO confirmó que ya fue recolectado en su totalidad el petróleo que cayó a aguas del Paraná

Miércoles, 15 de Septiembre de 2010 00:22

(Campana)- En la jornada de ayer, la empresa ESSO confirmó que fue superado el incidente ocurrido el pasado sábado cuando luego de que fallara una brida varios litros de crudo cayeron a aguas del río Paraná, en el puerto de la empresa.

Retomado nuestra comunicación del día 12 de setiembre, en la que informáramos a la comunidad que en esa fecha se produjo un derrame menor de producto en nuestro muelle, queremos compartir detalles complementarios. Confirmamos que no se produjo ningún tipo de lesiones al personal”, aseguraron en un comunicado.

El derrame se produjo desde una brida de una línea del muelle “H”, desde la cual una pequeña cantidad, del orden de 20 litros, llegó a las aguas del río. La causa del incidente se halla bajo investigación”, agregaron.

Nuestra prioridad es evitar todo daño al personal y al medio ambiente, por lo cual la empresa hizo frente a este evento con rapidez, movilizando inmediatamente todos los recursos necesarios, de la empresa y de nuestro contratista de respuesta a derrames. De esta manera el producto derramado se confinó en las barreras flotantes presentes en el lugar y las adicionales que se instalaron, y se recolectó completamente en 48 horas, evitándose todo impacto en la salud y el medio ambiente”, resaltaron desde la petrolera.

Durante el día 11, recibimos inspecciones de las autoridades actuantes, con quienes compartimos toda la información que nos fue requerida”, concluyó el comunicado.

Anoche, más allá de esta situación se pudo percibir una mayor presencia de antorcha en el catalítico, producto de una mayor quema de gases, aunque no habría habido ninguna situación fuera de lo normal.