La Justicia penal procesó por “estrago doloso” a Guillermo Heyaca Varela, el ingeniero a cargo de la obra junto al gimnasio que se derrumbó en Villa Urquiza en agosto, y cuya caída provocó la muerte de tres personas .
También fueron procesados Daniel Menta, el dueño de la empresa que quería construir un edificio al lado del gimnasio; y José Pataro, dueño de la excavadora que trabajaba en ese lote lindero.
Los tres irían a juicio oral porque, tal como publicó Clarín el 10 de noviembre, una pericia de Bomberos demostró que los constructores “no respetaron las reglas” para la excavación que debían realizar, lo que habría dañado la estructura del gimnasio, que así terminó colapsando.
El 9 de agosto, el edificio de dos plantas de Mendoza 5030, donde funcionaba el gimnasio, se derrumbó. Entre los escombros quedaron atrapados Guillermo Fede, de 37 años; Luis Lu, de 27; y Maximiliano Salgado, de 18 y cuyo cuerpo fue encontrado dos días después.
En el lote vecino, el de Mendoza 5042, los días previos a la tragedia había una excavadora trabajando, ya que se iba a construir un edificio. Según la pericia de Bomberos, ese trabajo se hizo sin respetar las medidas de seguridad. “Pudo observarse la inexistencia de apuntalamientos eficaces ”, “falta de base de apoyo” de los tabiques, y que las bases de la demolición se veían “totalmente descalzadas y apuntaladas de manera deficiente”, son algunos de los puntos más críticos del informe.
En su defensa, Heyaca Varela aseguró que contaba con todas las habilitaciones de parte del Gobierno porteño. Es cierto, pero al ingeniero se lo acusa precisamente de no haber respetado esas medidas de seguridad que había presentado en el expediente. De igual manera, Menta y Pataro podrían ser responsables, por no haber cumplido por su parte con los procedimientos para la demolición y excavación.
El procesamiento de los tres fue decidido por la jueza María Fontbona de Pombo. Así se lo confirmaron a Clarín tanto Roberto Damboriana, abogado de Pablo Galli, el dueño del gimnasio, como el estudio jurídico de Fernando Burlando, que representa a la familia de Maxi Salgado.
De acuerdo a Damboriana, “la acusación es por estrago doloso, el mismo delito de la causa de Cromañón . Las penas van de tres a diez años de prisión”.
Ahora los acusados tienen tres días para apelar el procesamiento ante la Sala V de la Cámara Nacional en lo Criminal. Este tribunal ya les había otorgado la eximición de prisión, por lo tanto permanecerán en libertad hasta el juicio oral, que aún no tiene fecha.
Pero tanto Damboriana, como en su momento Burlando, le adelantaron a Clarín que también pedirán que se investigue a los funcionarios del Gobierno de la Ciudad encargados de los controles a las obras. Entienden que, aunque los planos presentados hubieran sido correctos, la Ciudad no ejerció su poder de policía.
Es que desde el momento de la tragedia se conoció que hubo denuncias de irregularidades, que en principio no fueron bien atendidas. Concretamente, el 17 de junio la UOCRA había denunciado que en la obra junto al gimnasio, en la etapa de demolición de una estructura que había en ese lote, faltaban medidas de seguridad . La Ciudad respondió que habían enviado inspectores, pero que en las dos oportunidades que fueron al lugar lo encontraron cerrado, con la demolición ya terminada.
Por lo pronto, el Gobierno porteño le prohibió por 15 años la firma para cualquier nuevo proyecto a Heyaca Varela, y le clausuró otras cuatro obras, que en realidad estaban casi terminadas. También intentó presentarse como querellante, pero la Justicia se lo negó.
Además, la Ciudad echó a Oscar Ríos, el director de la Agencia Gubernamental de Control, pero porque durante el operativo de rescate fue a una reunión de la comisión directiva de Boca Juniors, club del cual es dirigente.
Clarín
Martes 15 de Febrero de 2011
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