Las entidades agropecuarias emitieron ayer una nueva señal de malestar y amenazan con tensar la buena relación con el Gobierno provincial. El motivo radica en la controvertida reglamentación de la ley de preservación y manejo de montes nativos, que ha puesto en veredas diferentes a sectores ambientalistas y a las organizaciones de productores.
La Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), la Federación Agraria Argentina (FAA), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) resolvieron convocar para el próximo jueves 17, a las 19, en Sinsacate (sobre la ruta 9 norte), a una asamblea en la que prevén reunir a productores y a fuerzas vivas de la región.
“La convocatoria tiene origen en la falta de respuesta de las autoridades del Ejecutivo provincial a la inquietud planteada respecto de la insistencia en no difundir la reglamentación de la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo”, explicaron.
El pasado 22 de diciembre, las organizaciones rurales, durante una asamblea frente al predio ferial de la Cooperativa La Regional, en Cruz del Eje, decidieron elevar un petitorio al gobernador Juan Schiaretti y al ministro de Agricultura, Carlos Gutiérrez, con seis aspectos considerados “irrenunciables” en la reglamentación de la ley 9.814, sancionada por la Legislatura.
En ese encuentro se resolvió que, en caso de no encontrar “una respuesta satisfactoria” antes del pasado 15 de enero, volverían a convocar a una nueva asamblea, a la que ahora le pusieron fecha y lugar.
Aunque aún no fue difundida la reglamentación oficial, en la que trabajaron técnicos de la Secretaría de Ambiente, en los medios agropecuarios se tiene como dato que el organismo remitió el texto a la Fiscalía de Estado y que se introdujeron algunas correcciones, a propuesta del Ministerio de Agricultura.
“Seguimos con la inquietud y la presunción de que la reglamentación se aparta del espíritu de la ley”, señaló una fuente de la mesa agropecuaria provincial. Y agregó que en los medios oficiales dejaron trascender que una vez firmado el decreto reglamentario por el gobernador, otro futuro decreto podría introducirle cambios.
El temor de los productores –en particular quienes tienen campos o emprendimientos ganaderos o proyectos para riego en el noroeste cordobés– es que se prolongue un cuadro de inseguridad jurídica sobre el manejo de los recursos. En tal caso, anticipan que habrá más éxodo ganadero y fuga de inversiones.
Entre los puntos de la ley que defienden los productores está el plazo de 120 días para que la autoridad de aplicación se expida sobre los permisos y proyectos de intervención y que sólo medie una comunicación por escrito para intervenir áreas estratégicas (alambres, aguadas, corrales, caminos, viviendas o la realización de contrafuegos).
La Voz del Interior
Miércoles 9 de Febrero de 2011
No hay comentarios:
Publicar un comentario