Angeles Castro
LA NACION
Una fuerte polémica quedó instalada entre legisladores y el Poder Ejecutivo porteños en torno al control de las piscinas que funcionan en la Capital con fines comerciales, ya que el gobierno de Mauricio Macri admitió que "ninguna" cumple con los requisitos edilicios exigidos por una ley sancionada a fines de 2009 y, en lugar de proceder a la clausura de las instalaciones, optó por suspender por decreto los efectos de esa norma y solicitar a la Legislatura que la revea.
La ratificación legislativa del decreto iba a ser tratada hoy en una sesión extraordinaria, pero el macrismo sabe que no obtendrá los votos necesarios y la discusión será postergada.
Las diferencias ya habían salido a la luz la semana pasada en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Durante una visita del el director de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) porteña, Javier Ibáñez, los diputados opositores expresaron su rechazo a la decisión oficial de no hacer respetar las exigencias de la ley ni, por lo tanto, aplicar las sanciones correspondientes.
En esa ocasión, Ibáñez presentó un relevamiento efectuado sobre los 164 natatorios empadronados, según el cual "el ciento por ciento" incumplía alguna de las condiciones edilicias, de seguridad o administrativas establecidas como obligatorias por la ley 3364, aprobada en la última sesión de 2009.
El censo -aclaró- abarcó piscinas de clubes, colegios, gimnasios, saunas, hoteles, shoppings y los natatorios terapéuticos e infantiles, o sea, todos los que tienen acceso público y cobran por el uso de los servicios.
La ley 3364 otorgaba a los dueños de piscinas un plazo de 180 días para adaptar las instalaciones. Vencido ese plazo, durante el segundo semestre de 2010, explicó Ibáñez, la AGC comenzó a inspeccionar si las piletas se habían adecuado a los nuevos requerimientos, y no lo habían hecho.
Los incumplimientos, en su mayoría, guardan relación con cuestiones edilicias sobre el servicio médico: intercomunicación con los servicios sanitarios (63,8%), sala de espera (45,5%) y vestuarios (15,9%). También, sobre la dimensión y las características de los lavapiés (47,8%) y con la documentación exigida (el 61,6% no poseía el certificado final de obra de las instalaciones sanitarias).
"Deberíamos haber cerrado todas las piscinas en pleno comienzo de la época estival. Preferimos no hacerlo, pensando en el perjuicio que generaríamos al vecino, y suspender por decreto la adecuación a la ley, para que la Legislatura trabaje en una norma superadora. La ley 3364 no se puede aplicar", relató el funcionario.
Y desató la polémica. Los diputados de Proyecto Sur Julio Raffo, Jorge Selser y Delia Bisutti; la sabbattelista Gabriela Cerruti, y la kirchnerista María José Lubertino rechazaron que el Poder Ejecutivo tenga potestad para decidir no aplicar una norma y sus sanciones correspondientes. En tanto, el ibarrista Eduardo Epszteyn recordó que el proyecto para modificar las exigencias de funcionamiento de los natatorios fue impulsado y votado por el bloque Pro.
Sigue trabada la sanción del presupuesto
La Legislatura porteña tampoco aprobará hoy el presupuesto local de gastos para 2011, pese a las tratativas encaradas por Pro para poder sancionar hoy la ley en una sesión extraordinaria, por lo que el jefe de gobierno, Mauricio Macri, llegará sin presupuesto actualizado el martes próximo al palacio de Perú 130, donde dejará inaugurado el 14° período de sesiones ordinarias. Las trabas no sólo están relacionadas con la asignación de más o menos fondos a determinados rubros, sino que también están teñidas por exigencias de la oposición respecto de la fecha de elecciones y del aumento salarial para los empleados públicos.
La Nación
Jueves 24 de Febrero de 2011
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