Después de haber aprobado dos proyectos por unanimidad sobre el mismo tema en los últimos tres años, el Senado podría volver a tratar en los próximos meses una nueva iniciativa para preservar los glaciares.
Pero para que se concrete esta curiosa situación, Diputados deberá terminar de aprobar el acuerdo sellado por el senador kirchnerista Daniel Filmus y el diputado opositor Miguel Bonasso. Este escenario es un ejemplo de la complejidad que implica el debate por una ley que intenta proteger el agua, pero que pone en el foco de la discusión a la minería.
En un clima colmado por acusaciones cruzadas y denuncias de corrupción, la Cámara baja no pudo concretar la aprobación del dictamen conjunto acordado entre el Frente para la Victoria (FPV) y la oposición. El pacto se desvaneció pronto.
Pese a fomentar el acuerdo, el oficialismo pidió una prórroga de 15 días en el recinto para estudiar el proyecto, el arco opositor se negó y le torció el brazo: el kirchnerismo votó en contra, pero el proyecto fue aprobado en general. En plena discusión artículo por artículo, la oposición se quedó sin quórum y postergó su aprobación hasta que se reanude la actividad legislativa, la semana próxima.
El tenue tono de voz de Filmus no coincide con el ADN kirchnerista, más proclive a la confrontación que al consenso. Sin embargo, el artífice del trato con la oposición defiende a la industria minera, acepta discrepancias dentro del bloque por el dictamen conjunto y sostiene que la Presidenta promulgará cualquier ley sobre glaciares que apruebe el Congreso.
- ¿Por qué el Frente para la Victoria (FPV) votó contra el proyecto en Diputados?
- El acuerdo con la oposición se alcanzó en la última hora de la noche y esto ocurrió el miércoles. Tampoco me parecía desacertado el pedido del FPV de 15 días más para estudiar el tema.
- Pero pasaron tres años desde que el proyecto original desembarcó en el Congreso.
- Está claro que es un tema que viene desde hace mucho tiempo, pero los términos precisos del acuerdo traen polémica. Las provincias cordilleranas, que están más avanzadas en este tema, querían esos 15 días.
- Más allá de la votación en Diputados. ¿El FPV respeta el acuerdo?
- Hay provincias que van a volver a discutirlo. Algunos se manifestaron de acuerdo y probablemente otros que estén en desacuerdo.
- Durante la sesión hubo discursos muy críticos de diputados kirchneristas sobre el dictamen conjunto.
- Puede ser que haya distintas opiniones. Es una discusión que no tiene que pasar por una posición en contra o a favor de la minería. Se trata de averiguar si la minería puede afectar los glaciares.
- El diputado Daniel Tomas (FPV San Juan), por ejemplo, tildó el acuerdo de "extremista".
- Diría que es un proyecto correcto. Extremista es no poder hacer minería en ningún lugar de la cordillera, pero lo que estamos definiendo es sólo el 1,5% de su territorio. Si justo hay que hacer minería en ese 1,5%, le diría a Tomas que sí es un proyecto extremista. Igualmente, creo que es una discusión válida.
- Cuando se reanude la actividad parlamentaria. ¿Cuál será la posición del kirchnerismo?
- Habría que preguntarle al bloque del FPV en Diputados.
- ¿Y en el Senado?
- Tengo una posición y la defenderé. Cuando se tratan temas de Estado, los proyectos tienen que ser votados por unanimidad. Eso también brinda garantía a las empresas que vienen a invertir.
- ¿Esta búsqueda de consensos puede implicar una demora en la aprobación del proyecto?
- Seguramente se aprobará sin demoras. Aspiro a que haya comprensión respecto a que este proyecto reúne las mismas condiciones que el anterior. Quizá en algún punto tiene alguna perspectiva más o menos proteccionista, cada uno lo ve a su manera. También escuché críticas desde el otro lado: las organizaciones ambientalistas fundamentalistas dicen que protege poco.
- ¿Hay garantías de que este acuerdo no sea vetado por la Presidenta?
- Si. El diputado [Agustín] Rossi me contó que la llamó a China [en la gira oficial] durante el debate en Diputados para consultarle y ella le dijo que privilegie la defensa los recursos naturales. Pero si había algún pícaro que esperaba mandarle el mismo proyecto que ya había vetado para forzarla, esa posibilidad ya no existe.
- ¿Por qué cree que la oposición acusa al Gobierno de ser "cómplice" de Barrick Gold?
- Las acusaciones de la oposición sólo se fundamentan en una foto. La minería tiene que venir a la Argentina. Nadie se imagina un país sin minería, pero hay que avanzar en la reformulación de los contratos de los noventa. Las retenciones y los recursos que quedan en la Argentina son bajos respecto de otros lugares del mundo.
- Pero la oposición denunció a gobernadores y funcionarios kirchneristas por sus vínculos con Barrick Gold.
- Las denuncias de la oposición en este país son tan generales como las que yo tuve que soportar en varios debates. Me acusaron de ser empleado de Barrick y ni siquiera tengo gemelos de oro. Si la prueba es una foto con empresarios, me parece muy pobre.
- ¿Qué opina de la denuncia realizada por la diputada Fernanda Reyes (Coalición Cívica), que señala que el secretario de Minería, Jorge Mayoral, comparte, como accionista de la empresa minera Millstone, el domicilio de esa firma con Barrick Gold?
- Este tipo de denuncias, específicamente las vinculadas a Elisa Carrió, carecen de sustento. No las hizo sólo contra este gobierno, sino en reiteradas ocasiones y no parecen ser denuncias sostenidas por realidad empírica.
- Pero en esta situación en particular hay un dato en concreto, que es el inmueble de la calle Marcelo T. de Alvear 624...
- No me consta para nada. Podemos habernos equivocados en alguna definición, pero lo que no se puede pensar es que todos los senadores estamos con Barrick. Hay una política minera que viene de 2003. Bonasso, por ejemplo, fue nuestro candidato en 2007. Si éramos tan promineros no hubiera estado con nosotros.
- ¿Por qué el Gobierno no permite el acceso al acuerdo tributario entre la Argentina y Chile por el proyecto minero Pascua Lama?
- No conozco. Si es una cuestión binacional y es parte de un acuerdo con Chile, justamente puede que no se dé a conocer por tener ese carácter.
- ¿Está a favor o en contra de la minería metalífera tal como se practica en Veladero o en La Alumbrera?
- Primero habría que determinar si está perjudicando las condiciones de vida y los recursos naturales. Si es perjudicial, por supuesto estaría en contra.
- ¿La explotación de estos proyectos es perjudicial para el medio ambiente?
- Justamente impulsamos una ley para que haya un estudio respecto de los glaciares. Si se determina que es perjudicial, lo correcto sería no sacrificar ni arriesgar las condiciones de salud de la gente. Estamos hablando sólo del 1,5% de la cordillera, no puedo pensar que no haya empresas rentables en minería que utilicen el otro 98,5%.
- A medida que avanza el tema en el Congreso, algunas legislaturas provinciales sancionaron leyes para.[la preservación de los glaciares]
- [Interrumpe] En el Congreso hubo muchos proyectos de representantes de provincias mineras. Son leyes más permisivas.
- ¿Cómo van a convivir esas normativas con una ley más estricta, si finalmente es sancionado este proyecto?
- El Estado nacional no puede opinar sobre cada detalle de los recursos naturales de las provincias, según consta en la Constitución. Pero puede fijar parámetros mínimos en todo el país.
¿Cuanto pesa la opinión de la Presidenta en este tema?
-Muchísimo. Sería tremendo que una presidenta no se pueda sentar con empresarios extranjeros para pedirles inversiones. Si el costo de las inversiones es que vengan a dañar glaciares, no estamos de acuerdo. La Presidenta dijo que la ley que aprobara el Congreso sería promulgada.
Judicialización Ante la posibilidad de que las provincias cordilleranas apelen a la Justicia tras la aprobación de una ley nacional más restrictiva que la normativa provincial, Filmus evitó dar precisiones sobre el tema, aunque citó un ejemplo de la ley de bosques. "Hay una parte de jurisprudencia de la Corte Suprema respecto de la ley de bosques en Salta. El año pasado la Corte intervino en la defensa de los recursos naturales cuando comprobó que en el último año del anterior gobierno provincial se habían cedido para desforestar muchas más miles de hectáreas que de costumbre. Lo Corte lo hizo volver atrás", explicó. Y advirtió: "El Poder Judicial está para intervenir cuando las leyes se violan".
Por: Iván Ruiz
De la Redacción de lanacion.com
La Nación
Jueves 29 de Julio de 2010
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