Mientras que la búsqueda de consenso entre empresas y sindicatos -básicamente entre la Unión Industrial Argentina y la CGT- parece estar en un laberinto demasiado complicado, el presidente de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), Jorge Aimaretti, reclamó, en una charla con LA NACION, un laudo político del Gobierno para la definición de los contenidos de una nueva ley de accidentes y enfermedades laborales. La necesidad de la reforma legal, dijo, es "imperiosa".
La situación actual, con un régimen jaqueado desde hace cuatro años y medio por fallos de la Justicia, perjudica a las empresas empleadoras y a las aseguradoras, pero también a los trabajadores que sufren accidentes porque, de haberse concretado una reforma, hoy podrían estar accediendo a indemnizaciones más altas (más allá de otros desencuentros, sí hay acuerdo en que debe haber una mejora en ese sentido) sin tener que recurrir a la Justicia.
Dolor en ambos lados
"La reforma tiene que doler proporcionalmente a las partes. En un momento el Gobierno tiene que laudar y esa parte de la decisión política todavía no llegó. El consenso es una asignatura sin aprobar", sostuvo Aimaretti. El directivo dijo valorar que la presidenta Cristina Kirchner se haya referido a la necesidad de la reforma en público, y también en encuentros con algunos sectores; el tema fue mencionado, por ejemplo, en la reunión que la semana pasada mantuvo la mandataria con los dirigentes de la CGT.
La ley 24.557, vigente desde mediados de 1996, fue tachada de inconstitucional en tres de sus artículos por la Corte Suprema.
Uno de los principales cuestionamientos judiciales es la declaración de inconstitucionalidad del artículo de la ley que pretendió impedir el acceso a la justicia civil contra las empresas por parte de los trabajadores que estuvieran cubiertos por una ART. Y, justamente, uno de los puntos más controvertidos de la reforma pendiente es definir de qué manera se habilitará esa instancia.
Según Aimaretti, la reciente sentencia dictada por la Corte en la causa "Torrillo c/Gulf Oil Argentina", no implica una novedad para el sector. En ese fallo se responsabiliza a una aseguradora por no haber dado las recomendaciones necesarias a la empresa empleadora con el fin de evitar accidentes. El directivo consideró que el criterio de los jueces no difiere del expuesto en un fallo de 2003, en el que se relevó de responsabilidad a una ART porque, si bien en el hecho analizado no se había cumplido con las normas de seguridad, se tuvo en cuenta que la empresa empleadora no había informado a la aseguradora de las obras que se estaban realizando.
Aimaretti defendió al sistema de ART y dijo que "está en crisis pero funciona en forma satisfactoria", brindando casi 5 millones de actos de atención médica por año. "Es un sistema potente en términos de inclusión social, y la cobertura se extendió siguiendo la evolución de la economía", sostuvo. Según los últimos datos de la UART, en febrero pasado había 7.698.282 trabajadores cubiertos, un 2% más que un año antes. En la variación interanual se observa la caída del empleo en la construcción -los asegurados se redujeron en un 7,5%- y en la agricultura -hay un 3,2% menos de trabajadores cubiertos-.
Juicios en alza
Un indicador que sigue en alza es el de cantidad de juicios, algo que se vincula directamente con la vulnerabilidad de la ley. En 2003, exactamente 7,2 de cada 10.000 trabajadores cubiertos iniciaron un litigio; en 2008, esa relación fue de 35,6 por cada 10.000, con más de 27.000 demandas iniciadas. Para este año, la proyección es que habrá alrededor de 40.000 nuevas causas.
Según Aimaretti, la creciente litigiosidad -explicada por los fallos de la Corte y las demoras en aprobar una nueva legislación- afecta los niveles de solvencia, que se comportan en forma inversamente proporcional a la cantidad de demandas judiciales. "Igual, seguimos por arriba de las exigencias mínimas", afirmó.
FUENTE:
Silvia Stang
LA NACION
Diario: La Nación
Lunes 4 de Mayo de 2009
No hay comentarios:
Publicar un comentario