A casi de dos años y medio de que se promulgara la ley de fomento específica del sector, el Gobierno salió a darle un doble impulso a los proyectos de generación eléctrica provenientes de fuentes renovables.
Por un lado, reglamentó la ley que establece los incentivos fiscales, las desgravaciones impositivas y las remuneraciones diferenciales que tendrán las inversiones destinadas a la fabricación de equipos generadores y la producción de energía con recursos renovables (como viento, agua o residuos).
Y, por otro lado, anunció que la estatal Enarsa licitará la provisión de 1.000 Megavatios de energía de fuentes renovables con contratos de compra que tendrán una duración de 15 años.
Con este paquete de medidas, la administración kirchnerista busca movilizar una serie de inversiones privadas por US$ 2.500 millones que, hasta ahora, estaban en las gateras por la falta de garantías legales y señales de precios.
El negocio de la generación eléctrica con recursos renovables (que hoy solo alcanza el 1% de la producción total, que es dominada por las centrales a gas) ya despertó el interés de varias empresas. En el caso de la energía eólica, las que picaron en punta con proyectos que tienen distintos grados de avance son las argentinas Pescarmona, Pampa Holding, Capex, Techint y la Cooperativa de Comodoro Rivadavia, la española Endesa, la estadounidense AES y Genelba (Petrobras). A ellas se suman las proveedoras europeas de equipos Sowitec (Alemania) y Vestas (Dinamarca).
En tanto, las iniciativas más avanzadas para producir energía con biocombustibles y biomasa pertenecen a Eurnekian, la empresa Chemo (grupo Sigman) y un conjunto de ingenios azucareros.
Al reglamentar la ley 26.190, el Gobierno declaró de "interés nacional" tanto la generación de energía con fuentes renovables, como el desarrollo tecnológico del sector y la fabricación de equipos.
En el caso de la producción energética, los estímulos fiscales regirán para las nuevas usinas y para las ampliaciones y repotenciaciones de plantas existentes.
Los beneficios en juego consisten en la amortización acelerada del impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada del IVA por la compra de bienes de capital. A eso se agrega el reconocimiento de un precio para la energía entregada que cubrirá los costos operativos y una tasa razonable de ganancia que se definirá para cada proyecto. Para afrontar los gastos que demande este régimen de fomento, se creará un fondo fiduciario que estará bajo la órbita del ministro Julio De Vido.
Por: Antonio Rossi
Clarín
Jueves 21 de Mayo de 2009
No hay comentarios:
Publicar un comentario