Mientras que la reforma de la ley de accidentes laborales lleva demorada más de seis años (es el tiempo transcurrido desde que la Corte Suprema comenzó a cuestionar la norma vigente), la Superintendencia de Riesgos del Trabajo prepara una serie de medidas para buscar un alivio de las altas tasas de judicialidad y para intentar evitar casos de fraudes contra las aseguradoras.
Según explicó en una entrevista con La Nacion el superintendente Juan Horacio González Gaviola, las medidas tendientes a alcanzar ese fin serían tres: la aprobación de una tabla de valores, que cuantifique la indemnización por cada lesión y que rija tanto para las obtenidas por vía administrativa como para las logradas por vía judicial. La definición de los lineamientos que deben guiar las pericias médicas y la fijación clara de las condiciones para que se determine que una lesión o enfermedad fue causada por el trabajo.
El funcionario consideró que, ante un determinado daño corporal, hoy existen dentro del sistema judicial "tantas formas de indemnizarlo como tribunales y peritos intervienen". Por eso, afirmó que si no se buscan unificar los criterios para la reparación de daños, "por más que haya una nueva ley no habrá solución" a la alta judicialidad.
De acuerdo con datos del mercado, entre enero y septiembre de este año se iniciaron alrededor de 39.000 litigios, contra 27.000 de 2009.
El número de juicios viene creciendo a tasas elevadas desde que, en septiembre de 2004, la Corte declaró la inconstitucionalidad del artículo de la ley de riesgos que pretendía impedir a los trabajadores cubiertos por el seguro, la posibilidad de ir a un juicio civil contra su empleador. A partir de esa declaración de los jueces se sumaron luego otras que apuntaron contra diferentes aspectos del sistema. Y el número de causas litigiosas contra un régimen cuestionado creció fuertemente.
Días atrás, la presidenta Cristina Kirchner se refirió a la necesidad de la reforma legal, aunque lo cierto es que el Gobierno viene planteando esa necesidad desde hace años, sobre todo en actos con empresarios. Pese a las gestiones que en su momento impulsó el Ministerio de Trabajo para elaborar el texto de una iniciativa, desde la Casa Rosada no se tomó la decisión de enviar un texto para su debate en el Congreso.
Investigaciones
González Gaviola destacó que, de todas formas, la tasa de crecimiento de los juicios con la que cerrará 2010 será inferior a la que las ART esperaban cuando comenzó el año. Según el funcionario, una razón para que eso ocurriera fue el efecto que tienen las investigaciones contra hechos de fraude, impulsados por grupos de abogados que propician juicios masivos por enfermedades que, en rigor, serían inexistentes.
Hay dos grandes investigaciones en marcha, en las provincias de Mendoza y Córdoba. En este segundo caso se trata de demandas que en gran parte involucran a empleados públicos de diferentes municipios. Según González Gaviola, hay 5000 casos en estudio de personas que, según se sospecha, no estarían sufriendo los daños en los que justificaron sus pedidos de indemnización a las ART. La tarea que lleva a cabo el fiscal Enrique Gavier provocó detenciones preventivas de abogados.
Según el superintendente, el organismo mantiene un diálogo con miembros del Poder Judicial "sin invadir su potestad", para lograr un fortalecimiento de los peritajes médicos.
La Nación
Jueves 16 de Diciembre de 2010
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