La reacción de los gobernadores mineros

Reacción de los gobernadores mineros

A yer se reunieron en Buenos Aires los gobernadores de provincias que tienen desarrollo minero en sus jurisdicciones con el objeto de constituir una organización (similar a la de las provincias petroleras) para reivindicar esta actividad económica.
Para ello se encontraron con el ministro de Planificación, Julio de Vido, buscando una suerte de “bendición” del Gobierno nacional que, de alguna manera, termine de confirmar el discurso de la Presidenta en apoyo a esta actividad.
Según lo expresado por algunos gobernadores, el objetivo de la iniciativa sería crear un Acuerdo Federal Minero que asegure el desarrollo y el cuidado del ambiente. La idea, también, es dar participación a las comunidades originarias así como la creación de empresas públicas provinciales para que intervengan en la minería.
La parte declamativa es muy liviana y cae en lugares comunes. Cualquier actividad económica debe tener como propósito el crecimiento, la creación de empleo y el cuidado del ambiente, por lo que resultaría ocioso hacer esta aclaración respecto de la minería. Además, existe una ley de defensa del medio ambiente y cada provincia tiene sus propias normativas ambientales.
En realidad, es una tibia respuesta de los gobernadores ante el avance de los movimientos ambientalistas (que nadie sabe quién los financia) llenos de frases altisonantes contra la megaminería que ha generado situaciones de violencia y represión.

Las dudas de la gente
Una de las consignas que esgrimen los ambientalistas es la de la contaminación. En este sentido, el uso de la frase “megaminería contaminante” busca asociar a los grandes desarrollos con la contaminación por definición y sin necesidad de explicación.
Las comunidades no son expertas en el tema y ni las compañías mineras ni los funcionarios han tenido el tino de explicar esta situación con claridad. En su lugar, se hacen contra-movilizaciones de gente que trabaja en la minería, con cosas burdas como el diálogo de la Presidenta con un minero medio trucho.
Las personas que viven en las zonas en cuestión están necesitadas de trabajo, pero si les dicen que les van a contaminar los campos, que sus aguas no servirán para nada, que ellos y sus hijos morirán de cáncer y no encuentran explicaciones válidas, con razón se van a oponer.
Si los gobernadores quieren legitimar la actividad, deberían dar seguridades de que sus provincias cumplirán de manera irrestricta con los controles ambientales. Como nadie cree que vayan a hacerlo, deberían involucrar a las comunidades y a organizaciones ambientalistas serias para que, juntos, formen una Policía Ambiental Minera, donde todos los sectores puedan ejercer el control.
Además, tendrían que establecer protocolos muy claros acerca del tratamiento de las aguas y su recuperación así como de los residuos. De la misma forma, debería quedar planteado, antes del inicio, cuál será el plan de recuperación de la zona y las inversiones que se harán para que la vida siga siendo posible una vez que termine la explotación.
La actividad minera fue una posibilidad a partir de la Ley de Promoción, que eximió a las compañías de impuestos y les impuso una regalía del 3%. Pero esta ley fue dictada en un momento en que el precio de los metales estaba por el piso, una situación que no se da en la actualidad. Del otorgamiento de estabilidad fiscal por 30 años, si bien pretende dar seguridad jurídica, también es un cepo para avanzar.
Hace poco, Perú renegoció con las mineras las regalías y las aumentaron al 15%, lo que indica que existen márgenes. La creación de empresas locales estatales quizás sea una forma de asegurarse algo más de ingreso, porque, en rigor de verdad, ninguna provincia tiene capital para explotar por sí misma dichos reservorios ni la aptitud para salir al mercado de capitales a captar inversores.
Las comunidades tienen miedo y ni las empresas ni el Estado les dan garantías. ¿O acaso la contaminación de una empresa estatal es más justificable que la de una empresa privada? Hay que sincerarse y actuar con seriedad. Es posible que haya minería con cuidado del medio ambiente, pero las empresas y el Estado deben dar garantías a satisfacción, algo que hasta ahora no han hecho.

Fuente: Los Andes
Fecha: 16/02/2012