Redacción
La papelera al borde del río Uruguay desató el pero conflicto diplomático de la historia reciente de ambos países.
Los gobiernos de Argentina y Uruguay pusieron lo que se espera sea el punto de conflicto en torno a la papelera UPM (antes Botnia), al sellar un acuerdo técnico que les permitirá compartir los controles sobre la fábrica.
Las dos naciones también se encargarán de la supervisión conjunta de su impacto sobre las aguas del río Uruguay, en la zona de influencia de la papelera.
Después de una reunión de más de ocho horas en Montevideo, los ministros de Relaciones Exteriores de Argentino, Héctor Timerman, y Uruguay, Luis Almagro, suscribieron el domingo pacto por el que "se terminaron las diferencias" sobre la controvertida planta de celulosa.
"Logramos un plan que es muy positivo para ambas partes (...). Se terminaron las diferencias", afirmó el canciller argentino.
"Si la planta contamina, perjudica a los dos países. Y si no lo hace, no perjudica a nadie", declaró.
Su par uruguayo detalló que científicos de ambos países trabajarán en el control de temperatura y turbiedad de las aguas. Además, dentro de la planta se instalarán equipos para hacer "mediciones continuas".
La planta, gestionada por la finlandesa UPM, será visitada doce veces al año por los técnicos de ambos países.
Conflicto diplomático
Si la planta contamina, perjudica a los dos países. Y si no lo hace, no perjudica a nadie
Héctor Timerman, canciller argentino
La instalación de la fábrica, radicada en la localidad uruguaya de Fray Bentos frente a la provincia argentina de Entre Ríos, causó el mayor conflicto diplomático entre Buenos Aires y Montevideo en la historia reciente.
Los US$1.800 millones gastados en su construcción supusieron la mayor inversión individual en la historia de Uruguay.
Argentina, sin embargo, consideró que la fábrica contaminaba en su territorio y su oposición a la misma llevó a organizar un bloqueo sobre el puente internacional que une Gualeguaychú con Fray Bentos, el que se prolongó entre noviembre de 2006 y el pasado 19 de junio.
Sin embargo, Argentina cambió su aproximación a la controversia tras el fallo del Tribunal de La Haya que dictaminó que no existe evidencia suficiente que compruebe que la fábrica contamina el río Uruguay.
La creación de la comisión conjunta para realizar los controles medioambientales en el río Uruguay había sido acordada por las reuniones bilaterales entre la presidenta argentina, Cristina Fernández, y su homólogo de Uruguay, José Mújica.
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