Gustavo Carabajal
LA NACION
Cuatro causas conexas a la principal por la tragedia de República Cromagnon quedaron cerradas, por falta de pruebas o por prescripción de la acción penal, sin culpables. En el expediente central, el de las responsabilidades por el incendio que derivó en la muerte de 194 personas en la madrugada del 30 de diciembre de 2004, sí hubo condenados. Pero la sentencia está apelada y, por ahora, nadie está preso por este caso.
Además de la pena a 20 años de prisión a Omar Chabán, explotador comercial del boliche de Once; los 18 a Diego Argañaraz, manager del grupo Callejeros, y a Carlos Díaz, subjefe de la comisaría 7a. en tiempos del hecho, y los dos años a Fabiana Fiszbin y Ana María Fernández, funcionarias porteñas que debían velar por el control de los locales nocturnos, sólo habrá sanciones leves -30 días de suspensión- para 15 inspectores que, en 1997, permitieron la habilitación del local sobre la base de un plano apócrifo.
La mayoría de ellos sigue trabajando para el Poder Ejecutivo de la ciudad. El caso más llamativo es el de Eduardo Samuel Cohen, que en 1997 habilitó el plano electromecánico de Cromagnon y hoy está a cargo de la construcción de dos canales aliviadores en el arroyo Maldonado.
"Cohen le dio el visto bueno al plano electromecánico de Cromagnon a partir de un diagrama con medidas que no correspondían con la realidad. Muchos de esos inspectores, que figuran en el proyecto de dictamen de la Procuración de la ciudad que dispondrá las sanciones, fueron premiados con ascensos. Esto significa que el gobierno porteño considera que no tuvo responsabilidad en la tragedia de Cromagnon, cuando las pruebas demuestran todo lo contrario", sostuvo el abogado José Iglesias, padre de Pedro, una de las víctimas.
La investigación abierta por el incendio es la única que llegó a una definición en juicio. Hace casi un año, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 24 dictó condenas a Chabán, Argañaraz, Díaz, Fiszbin y Fernández, y absolvió a los otros acusados (el grupo Callejeros; el ex jefe de la comisaría 7» comisario Miguel Angel Belay, y Gustavo Torres, ex director adjunto de Control Comunal de la ciudad).
La Sala III de la Cámara de Casación debe analizar las presentaciones del fiscal Jorge López Lecube, quien apeló la absolución de los músicos, y de las defensas, que solicitaron la revocatoria de las condenas. Mientras, y hasta que se pronuncie la Corte, no habrá detenciones. En este mismo expediente ya fue sorteado el tribunal que, por el estrago doloso seguido de muerte, deberá enjuiciar a otra media decena de procesados, entre ellos, el dueño de Cromagnon, Rafael Levy, y el ex secretario de Justicia porteño, Juan Carlos López.
Las derivaciones
Además, se abrieron otros cuatro sumarios: por presunta asociación ilícita de funcionarios porteños que habilitaban locales a cambio de dinero; por las irregularidades en el operativo de emergencia; por incumplimiento de los deberes públicos de los responsables de la morgue judicial, y por las coimas que habrían cobrado algunos legisladores durante el juicio político contra el jefe de gobierno en tiempos de Cromagnon, Aníbal Ibarra.
El primero fue archivado por prescripción hace quince días. A pesar de las pruebas existentes en la causa, la Justicia no pudo identificar a funcionarios porteños que hubieran cobrado dinero para habilitar locales bailables y comerciales.
Tampoco avanzó la causa por las fallas en la atención médica denunciadas por los familiares, que sostenían que algunas víctimas podrían haberse salvado si se hubiera aplicado el protocolo para operativos de emergencia en caso de catástrofe.
El 11 de junio, la Sala III de Casación confirmó el sobreseimiento de los responsables de la Morgue Judicial. "Hubo maltratos a los cuerpos de las víctimas y cambio de cadáveres. El jefe de la morgue, Haroldo Donnewald, permitió que muchos cuerpos se amontonaran bajo el sol en el estacionamiento de la Facultad de Ciencias Económicas y no fueran derivados a la cámara de frío del cementerio de la Chacarita, con capacidad para 300 cuerpos. Lo terrible fue que los cuerpos estaban deteriorados y debían entregárselos a las familias a cajón cerrado", sostuvo Iglesias.
La última investigación cerrada fue la que tenía a los ex legisladores porteños Gerardo Romagnoli y Beatriz Baltroc como acusados de haber recibido dinero a cambio de votar en contra de la destitución de Ibarra. La jueza María Gabriela Lanz la archivó por falta de pruebas. "Lo curioso es que luego de la votación Baltroc, que tenía una situación patrimonial delicada, logró cancelar dos hipotecas", explicó Iglesias, para quien "la forma en que se cerraron las cuatro causas demuestra que se ha consagrado la impunidad".
Fuente: Diario La Nación
Fecha: Lunes 5 de Julio de 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario