Avanza en Santa Fe una ley que limita el uso de herbicidas

SANTA FE.- La Cámara de Diputados de esta provincia aprobó y giró al Senado el proyecto que modifica la ley de fitosanitarios al establecer límites para la fumigación con dichos productos. También prohíbe la fumigación con fosfuro de aluminio en camiones y vagones que transporten cualquier tipo de granos, semillas o subproductos de estos dos.

Según el texto, se prohíbe la fumigación aérea con glifosato, el herbicida más cuestionado por las organizaciones ambientalistas, y de otros agroquímicos dentro de los 1000 metros del límite de los centros urbanos y la fumigación terrestre dentro de los 500 metros, así como la pulverización en lagunas, ríos, arroyos, etcétera.

El proyecto, perteneciente a los diputados justicialistas Federico Reutemann, Adrián Simil y Silvia de Césaris, vuelve a encender la polémica. En efecto, la industria agroquímica minimiza, por ejemplo, los riesgos que puede provocar el glifosato. De todas formas, la definición en el Senado habrá que esperarla para después del receso invernal de las próximas dos semanas en esta provincia.

"Es prioritario tutelar la salud pública y esta ley significa un avance importantísimo porque busca saldar una deuda histórica", sostuvo el diputado del Pares (integrante del oficialista Frente Progresista Cívico y Social), Antonio Riestra.

En tanto, los bloques de la oposición (PJ) decidieron no acompañar el proyecto por considerar que el gobierno aún debe realizar un informe sobre el impacto del glifosato en la fumigación de campos, de acuerdo con lo ordenado por un fallo judicial que favoreció a la ciudad de San Jorge, 150 kilómetros al sudoeste de esta capital.

Por su parte, para el justicialista Enrique Marín, "lo importante es resolver en forma urgente un nuevo modelo de desarrollo rural".


Defensa del glifosato

Respecto de la opinión de los productores, el presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, Hugo Iturraspe, se mostró inclinado a solicitar que surja una "urgente regulación para poder seguir trabajando". De todas maneras, el ruralista señaló que "de acuerdo con los estudios que nosotros tenemos, el glifosato es de baja toxicidad" y opinó que "los que seguramente perjudican más son otros que tienen otros componentes".

En tanto, en la Cámara Argentina de Agroquímicos y Fertilizantes (Casafe) se insistió en que "hay evidencias y estudios que demuestran la baja peligrosidad que tiene el glifosato".

En diálogo con LA NACION, su director ejecutivo, Guillermo Cal, una restricción en el uso de herbicidas provocaría un fuerte impacto económico negativo en las comunidades del interior y, por ende, en la industria agroquímica. El mercado local del glifosato, dijo, es un negocio de unos 550 millones de dólares por campaña.

Cal argumentó que según la clasificación establecida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), el glifosato está dentro de los productos conocidos como "banda verde", esto es, que normalmente "no ofrece peligro" para la salud humana.

Respecto de la prohibición de la fumigación en transportes, la aprobación del proyecto surgió horas después de que el Juzgado Federal Nº 1 de Rosario aceptó un recurso de amparo e intimó al gobierno santafecino a controlar y fiscalizar el cumplimiento de lo dispuesto.

Los transportistas de granos resaltaron la importancia de la prohibición del uso de fosfuro de aluminio para combatir insectos en el transporte de granos.

En el último año, esa mala práctica les costó la vida a cinco camioneros. Vicente Bouvier, titular de la Federación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Fatac), valoró la iniciativa y recordó que para desarrollar una tarea de similares características se solicita que sea a tres kilómetros de presencia humana y demanda más de 96 horas de ventilación para los lugares afectados.

La medida también prohíbe la venta libre de fosfuro de aluminio, fosfuro de magnesio, fosfina, bromuro de metilo o cualquier otro producto que lo contenga.

El propio Guillermo Cal puntualizó que el fosfuro de aluminio es un producto de extrema peligrosidad. Agregó que este compuesto se aplica para el combate de plagas, roedores, insectos, "pero en galpones, silos u otros ambientes herméticamente cerrados en donde su efecto concluye según el plazo que especifica la etiqueta en el envase del producto; nunca deben usarse, como ocurrió, en lugares abiertos, como camiones o vagones del ferrocarril, por su efecto letal".


550
Millones de dólares

• Es el mercado del glifosato en la Argentina, un insumo fundamental para el cultivo de la soja.

40%
Caería el ingreso de divisas

• Según los especialistas, es lo que bajarían las exportaciones en una agricultura sin glifosato.

2,5
Veces creció la superficie de soja

• Fue en los últimos 10 años, por la sinergia entre siembra directa, glifosato y soja; la producción se cuadruplicó.

Con la colaboración de Roberto Seifert

Fuente: Diario La Nación
Fecha: Jueves 8 de Julio de 2010

Cromagnon: cierran causas conexas

Son investigaciones por asociación ilícita, fallas en la atención médica y cobro de coimas; no hubo culpables.

Gustavo Carabajal
LA NACION

Cuatro causas conexas a la principal por la tragedia de República Cromagnon quedaron cerradas, por falta de pruebas o por prescripción de la acción penal, sin culpables. En el expediente central, el de las responsabilidades por el incendio que derivó en la muerte de 194 personas en la madrugada del 30 de diciembre de 2004, sí hubo condenados. Pero la sentencia está apelada y, por ahora, nadie está preso por este caso.

Además de la pena a 20 años de prisión a Omar Chabán, explotador comercial del boliche de Once; los 18 a Diego Argañaraz, manager del grupo Callejeros, y a Carlos Díaz, subjefe de la comisaría 7a. en tiempos del hecho, y los dos años a Fabiana Fiszbin y Ana María Fernández, funcionarias porteñas que debían velar por el control de los locales nocturnos, sólo habrá sanciones leves -30 días de suspensión- para 15 inspectores que, en 1997, permitieron la habilitación del local sobre la base de un plano apócrifo.

La mayoría de ellos sigue trabajando para el Poder Ejecutivo de la ciudad. El caso más llamativo es el de Eduardo Samuel Cohen, que en 1997 habilitó el plano electromecánico de Cromagnon y hoy está a cargo de la construcción de dos canales aliviadores en el arroyo Maldonado.

"Cohen le dio el visto bueno al plano electromecánico de Cromagnon a partir de un diagrama con medidas que no correspondían con la realidad. Muchos de esos inspectores, que figuran en el proyecto de dictamen de la Procuración de la ciudad que dispondrá las sanciones, fueron premiados con ascensos. Esto significa que el gobierno porteño considera que no tuvo responsabilidad en la tragedia de Cromagnon, cuando las pruebas demuestran todo lo contrario", sostuvo el abogado José Iglesias, padre de Pedro, una de las víctimas.

La investigación abierta por el incendio es la única que llegó a una definición en juicio. Hace casi un año, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 24 dictó condenas a Chabán, Argañaraz, Díaz, Fiszbin y Fernández, y absolvió a los otros acusados (el grupo Callejeros; el ex jefe de la comisaría 7» comisario Miguel Angel Belay, y Gustavo Torres, ex director adjunto de Control Comunal de la ciudad).

La Sala III de la Cámara de Casación debe analizar las presentaciones del fiscal Jorge López Lecube, quien apeló la absolución de los músicos, y de las defensas, que solicitaron la revocatoria de las condenas. Mientras, y hasta que se pronuncie la Corte, no habrá detenciones. En este mismo expediente ya fue sorteado el tribunal que, por el estrago doloso seguido de muerte, deberá enjuiciar a otra media decena de procesados, entre ellos, el dueño de Cromagnon, Rafael Levy, y el ex secretario de Justicia porteño, Juan Carlos López.


Las derivaciones

Además, se abrieron otros cuatro sumarios: por presunta asociación ilícita de funcionarios porteños que habilitaban locales a cambio de dinero; por las irregularidades en el operativo de emergencia; por incumplimiento de los deberes públicos de los responsables de la morgue judicial, y por las coimas que habrían cobrado algunos legisladores durante el juicio político contra el jefe de gobierno en tiempos de Cromagnon, Aníbal Ibarra.

El primero fue archivado por prescripción hace quince días. A pesar de las pruebas existentes en la causa, la Justicia no pudo identificar a funcionarios porteños que hubieran cobrado dinero para habilitar locales bailables y comerciales.

Tampoco avanzó la causa por las fallas en la atención médica denunciadas por los familiares, que sostenían que algunas víctimas podrían haberse salvado si se hubiera aplicado el protocolo para operativos de emergencia en caso de catástrofe.

El 11 de junio, la Sala III de Casación confirmó el sobreseimiento de los responsables de la Morgue Judicial. "Hubo maltratos a los cuerpos de las víctimas y cambio de cadáveres. El jefe de la morgue, Haroldo Donnewald, permitió que muchos cuerpos se amontonaran bajo el sol en el estacionamiento de la Facultad de Ciencias Económicas y no fueran derivados a la cámara de frío del cementerio de la Chacarita, con capacidad para 300 cuerpos. Lo terrible fue que los cuerpos estaban deteriorados y debían entregárselos a las familias a cajón cerrado", sostuvo Iglesias.

La última investigación cerrada fue la que tenía a los ex legisladores porteños Gerardo Romagnoli y Beatriz Baltroc como acusados de haber recibido dinero a cambio de votar en contra de la destitución de Ibarra. La jueza María Gabriela Lanz la archivó por falta de pruebas. "Lo curioso es que luego de la votación Baltroc, que tenía una situación patrimonial delicada, logró cancelar dos hipotecas", explicó Iglesias, para quien "la forma en que se cerraron las cuatro causas demuestra que se ha consagrado la impunidad".

Fuente: Diario La Nación
Fecha: Lunes 5 de Julio de 2010

Botnia: Uruguay insiste en controlar a todas las fábricas sobre el Río Uruguay

El canciller uruguayo viajó en forma sorpresiva el martes a Buenos Aires y entregó a su par argentino la contrapropuesta de monitoreo.

Aunque el hermetismo rodea el texto de la respuesta, trascendió que Uruguay aceptará que la planta de Botnia (ahora en manos de la empresa UMP) sea monitoreada en conjunto con la Argentina.

Sin embargo como contrapartida pedirá un control idéntico para el resto de las fábricas ubicadas a ambas orillas del Ríos Uruguay, publica el sitio de la radio El Espectador de Montevideo.

Además, la presencia de Brasil en el control está descartada tanto como árbitro o como parte del monitoreo.

Uruguay también aceptará la creación de un centro de monitoreo ambiental en Gualeguaychú y la participación de las universidades uruguaya y argentina en los estudios de impacto ambiental.

Lo que no incluye la contrapropuesta es la eventual participación de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú en el monitoreo.

Ahora corresponde a la Argentina responder y desde Uruguay esperan que lo haga la semana próxima para, en base a eso, definir los pasos a seguir.

Además, Almagro expuso a los líderes de la oposición en Uruguay que uan vez se conozca la respuesta argentina habrá una reunión con ellos para que el vecino país adopte una posición única como Estado.

Fuente: Infobae
Fecha: Jueves 8 de Julio de 2010