Piden informes a Aníbal Fernández

En 15 días deberá reportar sobre la ejecución presupuestaria del plan de limpieza de la cuenca.

Laura Rocha
LA NACION

La Justicia reclamó ayer al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, que informe sobre la asignación presupuestaria y el grado de ejecución del presupuesto destinado al saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo y pidió a la autoridad a cargo de esas tareas que "utilice la totalidad" del dinero asignado, tras advertir subejecución de esos recursos.

El juez federal de Quilmes, Luis Armella, que tiene a cargo la ejecución y el seguimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó la limpieza de la cuenca, determinó que el informe deberá ser enviado, dentro de 15 días, a la Auditoría General de la Nación (AGN).

El magistrado pidió que el funcionario reporte "la existencia, la ejecución y el grado de avance de los créditos internacionales vigentes y afectados al Plan Integral de Saneamiento de la cuenca".

La resolución obedece a una respuesta de la AGN -designada por la Corte para llevar adelante el control específico de la asignación de fondos y de ejecución presupuestaria del plan de saneamiento- en la que indicó que desde la Jefatura de Gabinete no se le estaba brindando la información requerida.

En la resolución, el juez reclamó al presidente de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) y secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Homero Bibiloni, y a los tres estados que involucra, la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Capital, "que utilicen la totalidad del presupuesto asignado en las distintas áreas para el saneamiento del Riachuelo".

"Surge claramente la existencia de una subejecución presupuestaria por parte de la Acumar. A más de dos años de la ejecución del fallo, y existiendo créditos vigentes y fondos disponibles suficientes, resulta inexplicable la demora en la realización de las obras de infraestructura comprometidas", advirtió el magistrado en la resolución.

Según consta el fallo, en 2008 se ejecutó el 46,72 por ciento del presupuesto, mientras que en el primer semestre del año pasado se ejecutó el 65% del crédito vigente. Respecto de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, la Acumar informó que se encuentra ejecutado en el 44,22% y los fondos pendientes de desembolsos al 31 de diciembre del año pasado ascienden a US$ 55.779.533,72.

Dadas estas informaciones parciales, el juez ordenó a Fernández que detalle los presupuestos y su grado de ejecución.

Cabe recordar que el año pasado el Banco Mundial aprobó un préstamo por 840 millones de dólares que se utilizarán para la construcción de colectores en las márgenes del Riachuelo, como una solución a los problemas de saneamiento. Por el momento, este dinero, a cargo del Ministerio de Planificación Federal, no ha sido desembolsado.

Frente a los reiterados retrasos en la ejecución del plan de saneamiento, Armella multó a principios de este mes a Bibiloni con 4000 pesos diarios. Los incumplimientos están relacionados con la contaminación industrial, la información pública, la eliminación de basurales y la adopción de estándares internacionales.

La semana pasada, dos de esas sanciones fueron suspendidas, ya que Bibiloni sostiene que dos de esas demandas están siendo cumplidas. La multa diaria que paga el secretario hoy asciende a 2000 pesos.

Fuente: Diario La Nación
Miércoles 15 de Septiembre de 2010

En la Capital se autorizan bailes en sitios no habilitados

Angeles Castro
LA NACION

Las irregularidades en las habilitaciones y controles de boliches en la Capital sumaron ayer un nuevo y polémico capítulo al conocerse que prácticamente todas las semanas el gobierno porteño concede excepciones para que se usen como discotecas numerosos lugares que no fueron habilitados para tal fin. No se trata, precisamente, de permisos aislados. Algunos bares, por ejemplo, fueron autorizados a "convertirse" en boliches bailables hasta dos veces en una semana. Y en no pocos casos tienen música en vivo.

La modalidad fue denunciada por diputados opositores durante la extensa reunión que mantuvieron en la Legislatura con funcionarios de Mauricio Macri, a los que convocaron para que explicaran cómo otorgan las habilitaciones, luego de que en la madrugada del viernes pasado murieron dos jóvenes aplastadas por un entrepiso que se derrumbó en el bar Beara, en Palermo.

El trámite de excepción del uso de un local está contemplado por la la resolución N° 1010, emitida en 2005 tras la tragedia de Cromagnon y aún vigente. Fue ideado como una alternativa para autorizar en forma excepcional el desarrollo de recitales o bailes en lugares cuya habilitación original no incluía este tipo de actividades.

Al principio, estuvo dirigido a paliar un vacío legal relacionado con los estadios de fútbol, pero luego su aplicación se fue extendiendo a otros establecimientos que solicitaban realizar "espectáculos o diversiones" no previstos por la categoría en la que habían sido habilitados.

Ayer, los diputados Gonzalo Ruanova (ex ibarrista, hoy sabbattelista) y Daniel Amoroso (ex macrista, hoy denarvaísta) denunciaron que, con el tiempo, lo que debía ocurrir como un caso excepcional se terminó haciendo moneda corriente, desvirtuando así la finalidad de la norma y, en los hechos, admitiendo que en bares y restaurantes se baile hasta dos veces por semana como si fueran discotecas.

Lo que hubiera correspondido es que los dueños de los comercios tramitaran una habilitación como local bailable e hicieran frente a todas las exigencias y mayores costos en materia de seguridad que ello implica.

"Tengo el presentimiento de que se utilizó una normativa de carácter excepcional para convertirla en una regla. En lugares donde las condiciones mínimas de seguridad no permiten que funcione un boliche, lo terminaron haciendo", dijo Ruanova.

"Son todos casos de boliches bailables encubiertos; algunos, muy graves, como este último [por Beara Lounge], con conjuntos musicales que convocan a mucha gente", agregó Amoroso.

Ruanova explicó que -según datos que maneja y cuya confirmación solicitó al director de la Agencia Gubernamental de Control, Javier Ibáñez, que anteayer acudió por segunda vez a la Legislatura a dar explicaciones sobre el derrumbe en el boliche de Palermo- hay ejemplos paradigmáticos del extendido uso de la resolución 1010 en los últimos dos años: en ese lapso, Terrazas al Este, en la Costanera Norte, habría recibido 90 permisos de baile; Modena, en Recoleta, 78, y Belushi, en Palermo Hollywood, 53.

"Habilitarse como local bailable clase C es el trámite más duro, porque se imponen muchas exigencias de seguridad, como la colocación de matafuegos, certificados de bomberos trimestrales y doble salida de emergencia, todas condiciones que se endurecieron tras Cromagnon. Entonces comenzó a ser habitual disfrazar la actividad de baile con la habilitación como casa de fiestas privadas y con el permiso excepcional de la resolución 1010", explicó Ruanova.

Precisamente el local Beara contaba con la habilitación como salón de fiestas privadas (categoría que no existe en el Código de Habilitaciones), pero en rigor -según trascendió tras el derrumbe- no se realizaban allí fiestas privadas, sino que los bailes se promocionaban por Internet para captar asistentes a los que, además, se exigía el pago de una entrada o consumición.

El comercio situado en Scalabrini Ortiz 1638 había sido habilitado originalmente como bar y restaurante, permiso que había violado en más de una oportunidad.

Esos antecedentes condujeron a la directora general de Fiscalización y Control, Vanesa Berkowski, a sugerir a su par de Habilitaciones, Martín Farrell, que no otorgara a los dueños de Beara la nueva autorización solicitada para funcionar como sala de fiestas privadas. Farrell desoyó esta recomendación, amparado en que "no puede negarse una habilitación por la existencia de antecedentes de violación a la normativa".

Ayer, el director general fue ratificado en su puesto tanto por Ibáñez como por funcionarios de la primera línea de gobierno. Argumentaron que "todo se hizo respetando la ley vigente", que no permite la "discrecionalidad" para entregar habilitaciones.

Respecto de la inusual frecuencia en los permisos de baile otorgados a través de la resolución 1010, Ibáñez reconoció que existe, pero negó que estuviera relacionada con una intención de no invertir en medidas de seguridad por parte de los empresarios que regentean los establecimientos.

En ese sentido, aclaró que uno de los lugares denunciados, Modena, situado en Figueroa Alcorta al 2200, "tiene habilitación como local bailable clase C desde mediados de 2009", y admitió que, con anterioridad, pedía autorizaciones bajo la resolución 1010, pero no pudo precisar la cantidad que le había sido concedida.

Sobre Terrazas del Este, informó que desde principios de 2009 "se le pueden haber entregado dos permisos por semana", pero que mientras tanto está tramitando la habilitación como clase C "haciendo toda la inversión correspondiente".

Además, dijo que, según registros oficiales, Belushi está habilitado como café, bar y restaurante y que, "desde hace cuatro meses, se le otorgaron unas 12 autorizaciones para baile".

El jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, defendió lo actuado por sus funcionarios "en total respeto por la normativa vigente" y sostuvo que, para mejorar el sistema de habilitaciones, debe modificarse por ley el código correspondiente.

En ese sentido, recordó que el Poder Ejecutivo envió en 2008 un proyecto de reforma integral, que incluye la incorporación de las casas de fiestas privadas.

PROTAGONISTAS GONZALO RUANOVA
Diputado sabbatellista
Denunció que una normativa para autorizar bailes en forma excepcional se usaría con una frecuencia semanal en algunos establecimientos.

DANIEL AMOROSO
Diputado denarvaista
También sostuvo que, bajo la resolución 1010, funcionan boliches bailables encubiertos, con el objeto de evadir inversión en seguridad. HORACION RODRIGUEZ LARRETA
Jefe de gobierno porteño Para mejorar las habilitaciones, pidió a la Legislatura que apruebe una reforma al Código de Habilitaciones que el gobierno envió en 2008.

La Nación
Miércoles 15 de Septiembre de 2010

Una decisión verde contra el volcado de efluentes

La Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata admitió parcialmente una acción de amparo de los vecinos y, en consecuencia, suspendió el emprendimiento de volcado de efluentes de la planta de faena avícola del demandado en la vía pública, hasta tanto se sufraguen las exigencias del artículo 23 de la ley 11723. Es decir, hasta tanto se cumpla con la pertinente declaración de impacto ambiental.

Los actores, luego de invocar su calidad de vecinos de la localidad de Villa Lía del Partido de San Antonio de Areco, promovieron la "acción de amparo ambiental contra la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de San Antonio de Areco", impugnando la resolución 523/07 y la ordenanza municipal 3260/07 en cuanto "aprueban la actividad del establecimiento particular al que refieren".

Los habitantes de la zona se vieron afectados por "el volcado de efluentes sobre la vía pública", con destino en el Arroyo Doblado, provenientes de un establecimiento industrial, sito en esa misma localidad y dedicado a la faena de aves.

En cuanto a la legitimación, los jueces Gustavo De Santis, Claudia Milanta y Gustavo Spacarotel entendieron que: "La calidad de vecinos de la localidad en la que el establecimiento de faena de pollos se encuentra afincado, como la afectación de la vía pública y el sitio de derivación del volcado en un curso de agua comprendido en esa vecindad, son todas circunstancias que le confieren a los actores el carácter de afectados en los términos del artículo 43 CN".

"La titularidad indiferenciada y la afectación común, que distinguen a las situaciones de incidencia colectiva de otras con notas de exclusividad, modelan una habilitación adjetiva sin cortapisas a favor de toda persona que invoque una disfunción ambiental, siempre que sus alcances y consecuencias indeterminadas ofrezcan un daño susceptible de particularizarse en ella como miembro de la colectividad afectada", consigna el fallo.

Asimismo, los magistrados interpretaron que "debe rechazarse la acción en cuanto impugna los reglamentos dictados por la Autoridad del Agua provincial y la Municipalidad, con fundamento en que ambos habrían inobservado normas de protección ambiental al autorizar, en sus diversos términos, las obras destinadas al volcado de efluentes por la vía pública hacia un curso natural de agua, ello, pues ese tópico, así articulado, carece de recepción posible en el contexto de un proceso precautorio como el abierto".

"Toda vez que en virtud a la forma en que se hubo desarrollado el proceso de amparo ambiental no se cuentan con elementos suficientes para abordar un trámite anulatorio y/o impugnatorio dentro del actual proceso, el que por su naturaleza, no resulta ajeno, de brindarse los medios probatorios necesarios para configurar la litis en ese extremo de condena", agregaron los camaristas.

"Es entonces la orfandad constitutiva del presente litigio el que impide un pronunciamiento que supere, la sentencia preventiva que se predica; empero, en modo alguno propugno la abstención previa por el sólo argumento de excluirla en el ámbito del proceso ambiental que pregona el artículo 43 de la C.N. y 20 , 28 de la Const. Pcial", concluye la sentencia.

Fallo provisto por Microjuris

Dju - Diario Judicial
Lunes 13 de Septiembre de 2010

Gualeguaychú: con recaudos, volvieron a bloquear la ruta

Jorge Riani
Para LA NACION

PARANA.- Un nuevo corte de la ruta 136 realizaron ayer los integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú. La interrupción se extendió por dos horas, a partir de las 15.30, momento en que alrededor de un centenar de automóviles comenzó a ocupar el pavimento de la vía internacional, a la altura del punto conocido como Arroyo Verde.

Con la consigna de "Música, mateada y volanteada", los asambleístas entrerrianos realizaron el segundo corte, tras dar por terminada la "tregua" y decidir continuar con la protesta contra la ex pastera Botnia durante los cuatro domingos de este mes. Ayer, la manifestación consistió en ocupar la ruta, pero no hubo ningún pronunciamiento ni decisión sobre futuras acciones de protesta. Sin embargo, se analizó la posibilidad de insistir en un pedido de entrevista a Néstor Kirchner, en su calidad de presidente de la Unasur, algo que se pondrá en debate otra vez pasado mañana, cuando el ex presidente pueda estar ya en condiciones de retomar la agenda pública, tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido.

Un detalle que no pasó inadvertido en la concentración de ayer en Arroyo Verde fue que los asambleístas denunciados por cortar la ruta participaron de la concentración evitando pisar el pavimento.

"Por consejo de los abogados, estuvimos en la banquina", admitió José Pouler, cuyo nombre integra la lista de diez asambleístas denunciados por el Gobierno nacional, con la acusación de obstaculizar la ruta que conduce al puente internacional que une Gualeguaychú con Fray Bentos.

Pouler confirmó que la Cámara Federal de Paraná citó a los asambleístas a una audiencia oral para el miércoles, a fin de resolver la apelación presentada por el Gobierno contra el fallo del juez Gustavo Pimentel, quien entendió que no debía llamarse a indagatoria a los denunciados.

Para ese día, en la capital provincial se espera la llegada de un nutrido grupo de asambleístas, que se trasladarán hasta el frente del edificio judicial para "hacer el aguante" a los asambleístas denunciados.

"En el corte del domingo pasado -dijo ayer Pouler, al ser consultado por LA NACION-, hubo efectivos de Gendarmería filmando, muchos de ellos de civil. También filmaron desde helicópteros, pero hoy no se los vio."

Según evalúan varios asambleístas, la documentación registrada por las fuerzas de seguridad en la ruta será presentada ante la Justicia como parte de la causa que entabló el Gobierno contra los manifestantes que impidieron el paso de personas y autos entre Uruguay y la Argentina.

A la vez, desde otros sectores de la asamblea de Gualeguaychú dieron por seguro que la orden de filmar fue emitida por el juez Pimentel, y por eso ayer quienes están denunciados evitaron ocupar la ruta durante la jornada de ayer.

La Nación
Lunes 13 de Septiembre de 2010

Habían recomendado que no se habilitara el boliche Beara

Angeles Castro
LA NACION

Una directora general del área de Control del gobierno porteño había recomendado a su par de Habilitaciones no autorizar el funcionamiento de actividades de baile en Beara, el local donde murieron dos chicas el viernes pasado, aplastadas por un entrepiso que se desplomó, por los antecedentes de violación a la normativa vigente que poseían los dueños del boliche. No obstante, el permiso fue otorgado 21 días después, cuando la sociedad comercial que regenteaba el espacio todavía permanecía imputada ante la justicia contravencional en una causa iniciada por la misma administración porteña, a raíz de la contravención calificada como "encubrimiento de actividad de baile".

Finalmente, los acusados fueron hallados culpables en primera y segunda instancia.

Los datos fueron aportados ayer por los legisladores opositores Eduardo Epszteyn y Aníbal Ibarra, durante una reunión mantenida ayer por funcionarios de Mauricio Macri con legisladores. Estaban presentes, precisamente, los dos directores en cuestión: Vanesa Berkowski, responsable de Fiscalización y Control del gobierno porteño, y Martín Farrell, de Habilitaciones, señalado por haber desoído la advertencia de su compañera de trabajo.

"Yo no tengo potestad para negar una habilitación por los antecedentes que tenga el solicitante, siempre que cumpla los requisitos contemplados para la habilitación [relacionados con condiciones fìsicas y de seguridad], entre los cuales no figuran los antecedentes", respondió Farrell, ante la exigencia de una explicación sobre su decisión de habilitar Beara el 24 de agosto de 2009, pese a la crítica nota que le había elevado el 3 del mismo mes Berkowski. La explicación no pareció muy convincente.

Como se recordará, luego del trágico derrumbe registrado en el local de Scalabrini Ortiz 1638, en Palermo, salieron a la luz irregularidades registradas en el funcionamiento del boliche, que organizaba bailes pagos pese a que sólo estaba habilitado como casa de fiestas privadas, a las que supuestamente los asistentes acudían por invitación. En una de esas fiestas, que habitualmente se realizaban los jueves, murieron Ariana Lizárraga y Leticia Provedo.

La desvirtuación de rubro no es nueva. Farrell explicó ayer que en 2004 el local había sido habilitado como café, bar, cantina y despacho de bebidas. El permiso se amplió en 2005 para el funcionamiento como "salón de música y/o canto", para un máximo de cinco artistas, de 20 a 2. Luego, en 2009, los dueños -El Viejo Sabio SA- solicitaron que se los autorizara como casa de fiestas privadas. A este último pedido es al que Berkowski sugirió por escrito no acceder en la nota N° 17.533/09, pero Farrell hizo caso omiso ya que no era vinculante. De todos modos, la omisión despertó la polémica. "Usted se tendría que ir", le disparó Epszteyn. En tanto, según denunció el MST, Berkowski cumple funciones en Fiscalización y Control desde el gobierno de Ibarra, que fue destituido por mal desempeño en el área de controles. Este detalle no habría sido motivo suficiente para pedirle su alejamiento, sino todo lo contrario, ya que fue ascendida a directora general.

Horas antes del pedido de renuncia a Farrell, Macri había anticipado que "hasta que los peritos no hagan su trabajo" sobre las causas que provocaron el derrumbe del entrepiso en Beara, no pedirá la renuncia de ningún funcionario. "Las cosas se habían hecho como correspondían y estaba todo en regla", dijo el jefe de gobierno.

Ayer, los diputados de la oposición insistieron en que, en realidad, algunas cosas se hicieron mal. Volvieron a cargar contra la habilitación otorgada con la categoría "casas de fiestas privadas", ya que no figura en el Código de Habilitaciones, sino en el Código de Planeamiento. Esta supuesta irregularidad, no obstante, no fue exclusiva de la gestión macrista, según Farrell. Explicó que durante el gobierno de Fernando de la Rúa se habilitaron 38 salones con esta modalidad; durante el de Enrique Olivera, 4; durante el de Ibarra, 24; durante el de Jorge Telerman, 27, y durante el de Macri, 48. Antes de la autonomía porteña, según aseguró, se autorizaron otros 240.

Fuente: Diario La Nación
Martes 14 de Septiembre de 2010

Ratifican la denuncia contra Castro por “violencia laboral”

El defensor legal de una empleada de la Cancillería que presentó una denuncia por “violencia laboral” contra la embajador en Caracas, Alicia Castro, confirmó ayer los dichos de su cliente. El abogado, Fernando Uría Acevedo, también ratificó ante este diario la existencia de un sumario administrativo abierto en el Ministerio de Relaciones Exteriores contra la diplomática, quien ha negado conocer la existencia del mismo, pese a que se indicó que dos empleados ya declararon: el ex número de dos de la embajada Carlos Riva y el ex agregado comercial de dicha sede, Alberto Alvarez Tufillo.

Entre tanto, en la Dirección de Prensa del ministerio seguían sin responder a las reiteradas consultas de Clarín sobre el caso Castro.

Según publicó este diario en exclusiva, Marta Alicia Oyola, presentó en 2008 una denuncia ante la Fiscalía Administrativa de Investigaciones (expediente 25936-4613), que un colega de la mujer hizo llegar a estos diario cuando el escándalo sobre el presunto pago de coimas en los negocios entre Argentina y Venezuela ardía.

Con 39 años en la administración pública, Oyola controló desde 2005 hasta 2007 todos los movimientos contables de la embajada. En su denuncia acusa a Castro de tener una “conducta desquiciada” con ella, y a la Cancillería de ser “cómplice necesario”, por lo que pedirá al Estado US$ 200 mil contó una fuente diplomática a este diario. Oyola dice que Castro le cambió e incorporó nuevas tareas -incluyendo las de mayordomía- y le incrementó horas de trabajo, hasta que tuvo una crisis por la que sigue de licencia médica.

Para reforzar su denuncia, Oyola indicó que 2007 fueron “contratadas y cesanteadas caprichosamente” en la Embajada comandada por Castro unas 11 personas”. Ayer su abogado fue más duro. Uría Acevedo aseguró que otro administrativo que trabajaba en la embajada, Hugo Tropiano “murió de una crisis cardíaca” por el “asedio que sufría”.

Fuente: Diario Clarín
Miércoles 15 de Septiembre de 2010

La ESSO confirmó que ya fue recolectado en su totalidad el petróleo que cayó a aguas del Paraná

Miércoles, 15 de Septiembre de 2010 00:22

(Campana)- En la jornada de ayer, la empresa ESSO confirmó que fue superado el incidente ocurrido el pasado sábado cuando luego de que fallara una brida varios litros de crudo cayeron a aguas del río Paraná, en el puerto de la empresa.

Retomado nuestra comunicación del día 12 de setiembre, en la que informáramos a la comunidad que en esa fecha se produjo un derrame menor de producto en nuestro muelle, queremos compartir detalles complementarios. Confirmamos que no se produjo ningún tipo de lesiones al personal”, aseguraron en un comunicado.

El derrame se produjo desde una brida de una línea del muelle “H”, desde la cual una pequeña cantidad, del orden de 20 litros, llegó a las aguas del río. La causa del incidente se halla bajo investigación”, agregaron.

Nuestra prioridad es evitar todo daño al personal y al medio ambiente, por lo cual la empresa hizo frente a este evento con rapidez, movilizando inmediatamente todos los recursos necesarios, de la empresa y de nuestro contratista de respuesta a derrames. De esta manera el producto derramado se confinó en las barreras flotantes presentes en el lugar y las adicionales que se instalaron, y se recolectó completamente en 48 horas, evitándose todo impacto en la salud y el medio ambiente”, resaltaron desde la petrolera.

Durante el día 11, recibimos inspecciones de las autoridades actuantes, con quienes compartimos toda la información que nos fue requerida”, concluyó el comunicado.

Anoche, más allá de esta situación se pudo percibir una mayor presencia de antorcha en el catalítico, producto de una mayor quema de gases, aunque no habría habido ninguna situación fuera de lo normal.